Así pues, en base a la línea de argumentación ampliamente explanada en la parte motiva de la presente Medida y en torno al articulado legal y constitucional supra reseñado en la misma, este Juzgado, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a fin de prestar una tutela preventiva e idónea, y tomando en cuenta que la presente decisión tiene carácter eminentemente de protección, asegurativa y provisional, tal como se dispone en la norma contenida en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y la jurisprudencia vinculante emanada de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de mayo de 2.006, con ponencia del magistrado Dr. Francisco Carrasquero López, decide: PRIMERO: IMPROCEDENTE, la solicitud de Medida Cautelar Innominada, solicitada por el abogado en ejercicio Daniel Abreu Andrade, actuando en representación del ciudadano José Luis Oviedo Calderón, supra identificados.

Ahora bien, este Tribunal considera que si bien es cierto, la medida solicitada giran entorno a una unidad de producción, que debe contribuir a la seguridad y soberanía agroalimentaria, materia de rango Constitucional, no es menos cierto que en el presente caso no se demostró ningún peligro inminente de desmejoramiento o ruina a la continuidad de la actividad agraria desplegada en la unidad de producción, tal como se evidencia de la inspección judicial antes señalada, ni de los medios de pruebas aportados por el solicitante. Por las consideraciones antes expuestas, es por lo que este Juzgado Superior Agrario, declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida innominada objeto del presente asunto requerida por el Defensor Público en materia Agraria Abg. Salvador Benítez. Y así se decide.-