PRIMERO: Homologar como en efecto así será lo decidido en dicho "Convenimiento", de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: En orden a todo lo antes expuesto, este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA el expresado "convenimiento o compromiso" realizado por el presunto agraviante ciudadano Jorge Gustavo Valero, titular de la cédula de identidad Nº. 8.031.990, co-demandado en el recurso de amparo constitucional, el cual fuera aceptado por la parte accionante a través de su co-apoderada judicial Abogada Leix Teresa Lobo, titular de la cédula de identidad Nº. 3.297.575, inscrita en Inpreabogado Nº. 10.882, por lo tanto, le imparte el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

PRIMERO: HOMOLOGA dicho "DESISTIMIENTO" tanto en la acción como del procedimiento en el juicio interpuesto por EDICTO JOSE INDRIAGO GARCIA, antes identificado, asistido por el abogado ROMÁN JOSÉ RINCÓN RAMÍREZ, contra el ciudadano GUSTAVO MARQUEZ GOMEZ, por COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN, impartiéndole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad a lo pautado en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide. SEGUNDO: Se ordena suspender la medida Preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar, que se había decretado por auto de este Tribunal en fecha diecisiete de octubre del año dos mil doce, que obra a los folios 29 y su vuelto del respectivo cuaderno, una vez quede firme la presente decisión.

PRIMERO: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por el abogado ANGEL RAÚL RAMÍREZ MÉNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.764.318, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 48.041, domiciliado en la ciudad de Mérida Estado Mérida. SEGUNDO: En virtud que a pesar de su inadmisibilidad, no se evidencia a criterio de este Juzgador, que el recurrente en amparo, abogado ANGEL RAÚL RAMÍREZ MÉNDEZ plenamente identificado, haya actuado con manifiesta temeridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, este Tribunal se abstiene de imponerle a la recurrente la sanción prevista en dicha disposición legal.