Se dictó auto y se decretó como flagrante la aprehensión del ciudadano Jesús Rolando León Zerpa, conforme al artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, por surgir elementos de convicción que demuestran que el mismo fue aprehendido minutos después de cometer los delitos de Violencia Psicológica y Amenaza, previstos en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de las ciudadanas Yoelsy León de Rendón (hermana) y María Zenaida Zerpa de León (madre).

Se dictó auto y conforme a los artículos 26, 30, 51, 55 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 23 y 120.3 del Código Orgánico Procesal Penal, artículos 1, 2 ,17, 17, 23, numerales 1 y 2 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, declara con lugar la solicitud presentada por la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Mérida, y en tal sentido acuerda decretar a favor del testigo (se omite su identidad) las medidas de protección intra proceso consistentes en preservar en todas las actuaciones del proceso la identidad del testigo, así como su domicilio, profesión y lugar de trabajo y que no consten en las diligencias que se practiquen, su nombre, apellido, domicilio, lugar de trabajo, ni cualquier otro dato que pudiera servir para su identificación, para lo cual el mismo quedará identificado con la siguiente numeración: 14F4-1. Se ordenó la reserva de la decisión conforme al artículo 29 de la ley en estudio.

Se dictó auto y se declaró sin lugar la medida de privación judicial preventiva de libertad solicitada por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del Estado Mérida, contra los imputados Jesús Oscar Parra Porras y Hender Reymi Gabriel Salas Alarcón, quienes son mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 14.771.919 y 12.491.288, presuntos autores de los delitos de Robo Agravado, Robo Agravado de Vehículo Automotor y Asociación para Delinquir, delitos previstos en el artículo 458 del Código Penal, artículo 5, ordinales 1° y 3° de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores y artículo 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en armonía con el artículo 16, ordinal 5°, ejusdem, ya que de la revisión y estudio de las actuaciones, no se evidencia que los mismos hayan sido imputados formalmente por el Ministerio Público.