SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el ciudadano Abg. Salvador Benitez Cadenas, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº 13.499.674, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 142.402, actuando en su carácter de Defensor Público Segundo en materia agraria del estado Bolivariano de Mérida, en representación previo requerimiento de las ciudadanas Martha Domenica Salas Peña, Mayerlin del Carmen Salas Peña, Ana Daniela Salas Peña y María Natalia Salas Peña, venezolanas, mayores de edad, portadores de la cédulas de identidad Nros V-13.230.538, V-13.230.539, V-16.907.032 y V-18.208.408 respectivamente, contra la sentencia dictada en fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018), emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, con sede en El Vigía.

En ese orden, es de vital importancia resaltar que, si bien es cierto que el Juez Agrario tiene amplias potestades para decretar medidas a petición de parte o de oficio, sin embargo, al mismo tiempo está en la obligación de ajustarse como requisito sine qua non a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico y muy especialmente a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por tanto, al haberse dictado medidas de protección que satisfacen la pretensión derivada de la solicitud en la presente causa; esta Juzgadora declara el DECAIMIENTO DEL OBJETO del presente expediente. Y así se establece.-