En orden a las consideraciones que anteceden este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: QUE ES INCOMPETENTE para conocer del presente juicio, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil y DECLARA COMPETENTE, para conocer de esta acción al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, toda vez que este Juzgado sólo es competente para conocer acciones judiciales cuya cuantía no exceda de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,00) y en consecuencia, DECLINA EL CONOCIMIENTO DE ESTA CAUSA, al mencionado Tribunal.

este Tribunal en consecuencia, por cuanto tal actuación no es contraria a derecho y versa sobre derechos disponibles, le imparte su homologación con el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.

DECISIÓN En base a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Sin lugar la oposición a la medida formulada por el la Ciudadana Francys Ninoska Angarita Peña, asistida por el Abogado Manuel Salvador Uzcátegui Jiménez. SEGUNDO: Se mantiene la medida preventiva de Secuestro decretada en fecha 31 de marzo de 2006, por este Juzgado, sobre un inmueble consistente en un local comercial que es parte integrante del mercado principal de Mérida, ubicado en la Avenida las Américas de esta ciudad, identificado en el N° 29, modulo C, segundo piso. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente perdidosa de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

DECISIÓN Por lo anteriormente expuesto este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA, intentada por la ciudadana ELSY MARGARITA RANGEL, asistida por los Abogados Leix Teresa Lobo y Ramón Pérez Wulff, identificados en autos, contra la Ciudadana FRANCYS NINOSKA ANGARITA PEÑA, igualmente identificada, por DESALOJO POR FALTA DE PAGO DE CÁNONES DE ARRENDAMIENTO, y en consecuencia se decreta: PRIMERO: Se ordena el desalojo del inmueble consistente en un local comercial ubicado en la Avenida Las Américas identificado con el N° 29, situado en el modulo C del segundo piso, integrante del Mercado Principal, extinguida la relación arrendaticia que vinculo a las partes. SEGUNDO: Se ratifica la medida de secuestro decretada por este Tribunal y ejecutada por el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Ma.....

En el presente caso el promovente de manera palmaria omitió indicar el objeto determinado de la prueba, por lo tanto, la prueba del numeral Primero; no fue válidamente promovida y es por lo que este Tribunal en acatamiento al mandato expreso del Artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y acogiendo el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia, este Tribunal niega la admisión de dichas pruebas. Y así se decide. En cuanto a la prueba contenida en el numeral segundo el Tribunal observa que la parte promovente invoca una serie de alegatos para ser resueltos en el fallo definitivo y de los mismos no se infiere que haya promovido algún medio probatorio para su admisión y evacuación conforme a derecho, razón por la cual niega la admisión de dicha prueba. Con relación a la prueba contenida en el numeral tercero, el Tribunal niega la admisión de dicha prueba, en razón que la parte promovente no señaló el documento o los documentos indubitables con los cuales debe hacerse .....

Y por cuanto el desistimiento no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles, este Tribunal le imparte su homologación de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, con el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.