TERCERO: Vistos los criterios jurisprudenciales, antes parcialmente transcritos, los cuales acoge esta Juzgadora, conforme a lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, se observa que en el caso de autos, la parte actora, solicita que le sea decretada medida cautelar de "JUNTA ADMINISTRADORA AD HOC" , Considera esta Juzgadora que el decreto de la medida solicitada sobre la sociedad mercantil QUIMIECOLOGI C.A. no representa una sanción anticipada, sino una medida de protección necesaria, proporcional y urgente, fundamentada en un riesgo inminente ante las denuncias de exclusión y falta de acceso a la información financiera por parte del accionista solicitante, la Junta Ad Hoc se erige como un mecanismo de transparencia que permite auditar la realidad económica de la sociedad y la opacidad denunciada, para que disminuya el riesgo de la disipación de activos o al agravamiento deliberado de la insolvencia. Esta situación podría conducir a una liquidación, lo que ha.....

TERCERO: Vistos los criterios jurisprudenciales, antes parcialmente transcritos, los cuales acoge esta Juzgadora, conforme a lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, se observa que en el caso de autos, la parte actora, solicita que le sea decretada medida cautelar de "VEEDOR JUDICIAL" lo que a juicio de quien suscribe, es una figura del derecho procesal que permite al juez designar a un tercero imparcial para que vigile, observe e informe sobre la administración de una entidad o un patrimonio, sin llegar a sustituir a sus directivos. Visto que la parte demandada en su escrito de contestación de demanda indica que debido a los inconvenientes surgidos a través del tiempo entre los socios de la empresa, es por lo que el ciudadano JORGE LUS MARQUEZ CHACON no tiene acceso a la información financiera, lo que indiscutiblemente va en detrimento de su patrimonio; y siendo facultad del juez, acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere .....

Este Juzgado dictó sentencia interlocutoria declarando: PRIMERO: se decreta MEDIDA ATIPICA INNOMINADA DE NO INNOVAR, solicitada por la ciudadana NEIDA LISBETH FREITEZ ALVARADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-10.862.979, domiciliada en el área metropolitana de Caracas, sobre el área efectiva de producción existente en el terreno "LA CASONA", con una superficie aproximada de un hectárea con doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados (1 Ha 284 m2), ubicado en el sector Llano Balza, parroquia Mucuchies, municipio Rangel estado Bolivariano de Mérida, con una superficie aproximada de un hectárea con doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados (1 Ha 284 m2). Así se decide. SEGUNDO: se ordena a los ciudadanos ROBERT RAFAEL RODRIGUÉZ ROJAS y CRISTINE GIULIA CASTROGIOVANNI MORENO, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-16.037.578, y V-10.671.978, domiciliados ambos en el terreno denominado la casona, que se encuentra ubicado en el sector.....

Este Juzgado dictó sentencia interlocutoria declarando: PRIMERO: se DECRETA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, incoada por el ciudadano JOSÉ MAURO PÉREZ MORA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.778.819, domiciliado en la población de Mucuchies, municipio Rangel del estado Bolivariano de Mérida; sobre el área efectiva de producción existente en el predio denominado "LA PLAYA", ubicado en el sector La Toma, parroquia La Toma, municipio Rangel del estado Bolivariano de Mérida, constante de una superficie de TRES HECTÁREAS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO METROS CUADRADOS (3 HA 4.571 M2), todo esto según Titulo de Garantía de Permanencia Socialista Agraria y Carta de Registro Agrario y en razón a lo verificado mediante la inspección judicial realizada por este Juzgado, en fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), conjuntamente con el informe técnico consignado por el practico juramentado por.....

SE ORDENA LA APERTURA de Juicio Oral y Público en contra del ciudadano ROBERTO JOSE CORONA CASTILLO Titular de la Cedula de Identidad V.- 20.718373 atribuyendo a los hechos una calificación jurídica provisional por la presunta comisión del delito de OCUPACION ILICITA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS, previsto y sancionado en el artículo 40 de la Ley Penal del Ambiente en perjuicio de La Colectividad.

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la apelación propuesta en fecha 25 de junio de 2025, por la ciudadana EMILSE NORAIMA TORRES BECERRA, en su condición de parte actora debidamente asistida por el profesional del derecho abogado HÉCTOR SAID MÁRQUEZ MÁRQUEZ, contra decisión de fecha 11 de julio de 2025, proferida por el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA en el cual declaró inadmisible in limine litis la demanda intentada, en el juicio seguido contra el ciudadano JESÚS RAMÓN RAMÍREZ, por cobro de bolívares por intimación. SEGUNDO: Se CONFIRMA, la decisión recurrida de fecha 11 de julio de 2025 (f. 17 y su vto.), dictada por el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. TERCERO: Por la naturaleza del recurso no hay condenatoria encostas. INTERLOCUTORIA DENTRO DE LAPSO

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2, 26, 49 Ord 4, 253 y 257 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 267 y 269 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS RIVAS DÁVILA Y PADRE NOGUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA Y DECRETA: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, y en consecuencia se ordena: SEGUNDO: Notificar a la parte actora el ciudadano DANIEL ALEXANDER MEDINA BASTOS, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad número V.- 24.583.284, domiciliado en el sector El Alto de Mariño, del Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, hábil civilmente; a su vez se ordena notificar a una de las partes requerida XIOMARA RAMIREZ, .....

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2, 26, 49 Ord 4, 253 y 257 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 267 y 269 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS RIVAS DÁVILA Y PADRE NOGUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA Y DECRETA: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, y en consecuencia se ordena: SEGUNDO: Notificar a la parte actora el ciudadano JOSE GUILLERMO VIVAS, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad número V.- 8.075.199, domiciliado en el sector La Mesa, Bodoque del Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, hábil civilmente, sobre la presente decisión, y una vez conste en autos su notificación, al primer día de D.....

Este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA CON SEDE EN TOVAR, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 267 ordinal 1° ejusdem. SEGUNDO: Dada la declaratoria de oficio de la perención, no se podrá intentar de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos de acuerdo con el articulo 271 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Se ordena la notificación de la parte actora, ciudadana ALBA ROSA RAMIREZ SANCHEZ.

TERCERO: Esta Juzgadora observa que se cumplen los extremos de los artículos 585 y 588 del Codigo de procedimiento Civil. Al existir un riesgo de liquidación de facto y una parálisis administrativa en QUIMIECOLOGI C.A., la libre disposición de los bienes inmuebles de la sociedad comprometería la eficacia del proceso. En consecuencia, se acuerda la MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un inmueble propiedad de la sociedad mercantil. Y asi se declara. Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que se encuentran cubiertos los requisitos de procedencia para el decreto de la medida innominada, como son el periculum in mora y el fomus boni iuris, y en razón de ello este Tribunal Quinto De Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley, decreta: MEDIDA DE ENEAGENAR Y GRAVAR sobre un .....