declaró la validez de las actuaciones cumplidas por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, pues, el mismo solo se pronunció con respecto a la declinatoria de competencia, mediante decisión de fecha 04 de abril de 2013, así como a la regulación de la competencia. A tal efecto, se ordena admitir por auto separado la solicitud de reconocimiento de contenido y firma, formulada por el ciudadano JOSE RUFINO RIVAS. Así se establece.

El Tribunal admitió las pruebas promovidas, por el abogado EDGAR AMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, en su carácter de co-apoderado judicial de la parte actora, ciudadano ALONSO PEÑA RIVAS, cuanto ha lugar en derecho, por no ser las mismas manifiestamente ilegales e impertinentes, a excepción de las documentales marcadas en el pígrafe DOCUMENTALES. literal B), del escrito de fecha 29 de enero de 2014 y literales B), C) y D), negandola en virtud de que las mismas son manifiestamente ilegales, puestos que no fueron promovidos en el libelo de la demanda, de conformidad con el primer aparte del artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario

El Tribunal admitió las pruebas promovidas en el escrito de contestación de demanda, en fecha 16 de mayo de 2013, y en el escrito de promoción de pruebas, presentado en fecha 03 de febrero de 2014, por la abogada ISVETT JEANETTE ACOSTA MEJIAS, en su condición de Defensora Pública Primera (1°) Agraria del Estado Mérida, a excepción de las testimoniales de los ciudadanos ANACLETO SOSA, ALBORNOZ MARQUEZ GRAGORIA, DUGARTE MORENO MARIA EDICTA, RIVAS CARRERO MARLENE y FERNANDEZ ROJAS TOMASA DEL CARMEN, promovidos en los numerales 5.- y 6.- del escrito de pruebas de fecha 03 de febrero de 2014, negandola, en virtud de que las mismas son manifiestamente ilegales, puestos que no fueron promovidos en el escrito de contestación a la demanda. Así se decide

Del análisis del artículo in comento y de las pruebas aportadas por los apoderados judiciales de la parte actora, abogados CARLOS EMILIO CASTELLANOS CARREÑO y ROSAURO JOSE SILVA FIGUEROA, se evidencia que el alcance o el espíritu de la Ley conlleva necesariamente a la convicción cierta de esta sentenciadora que ningún bien constituido de acuerdo con los términos de esta ley pueden ser embargados bajo ninguna circunstancia. En consecuencia, este Tribunal en acatamiento al artículo 8 segunda parte de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ordena al demandante, BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL, por intermedio de sus apoderados judiciales, abogados CARLOS EMILIO CASTELLANOS CARREÑO y ROSAURO JOSE SILVA FIGUEROA, señalar nuevamente otro bien que no sea una unidad de producción con vocación agroproductiva y que sea propiedad del demandado de autos, ciudadano JAVIER ORLANDO MORA PAREDES, para ser embargado y así dar cumplimiento a la sentencia indicada.