Ahora bien, se centra la disputa en la existencia o no de la relación de pareja, lo que sería materia de un proceso autónomo, por lo que el tribunal no puede decidir si esa relación existió o no, por imperativo de lo dispuesto en los artículos 12 y 15 eiusdem. En relación a la alegada presión bajo la cual habría firmado el demandante el documento cuya nulidad se pretende, el actor no logró probar tal circunstancia, pues los testigos promovidos al efecto dijeron ser referenciales del mismo, mientras que la demandada promovió el testimonio del abogado que lo redactó, el que no incurrió en contradicciones en su dicho, de lo que hace surgir para este tribunal la duda sobre la invocada presión del abogado redactor, concluyendo que por disposición del artículo 254 de la misma ley adjetiva, en caso de duda, el juez deberá decidir a favor del demandado, razón por la que resulta imperativo declarar sin lugar la demanda.

Es de observar que existe un conflicto por la entrega del inmueble, pero ello no le otorga a la querellada el derecho a privar a la accionante del goce de servicios públicos necesarios para la vida diaria. Se observa también que la querellante trató de resolver la situación a través de organismos públicos competentes, como la Superintendencia de Arrendamiento de viviendas sin resultado alguno, razón por la que este tribunal considera que hubo agravio constitucional en su contra, violentándose las garantías constitucionales previstas en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de constituir la conducta de la querellada vías de hecho no permitidas por la ley, razón por la que de conformidad con los artículos 19, 26 y 27 eiusdem, y 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, este tribunal debe decretar el amparo a favor de la accionante, y en razón de haber sido restituidos los servicios en razón de la medida ca.....

Este Juzgador con la facultad que le confiere el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, para aclarar o subsanar las omisiones cometidas en la referida sentencia definitiva en que incurrió el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con el fin de no cercenarle el derecho a las partes, y por cuanto el juez es el director del proceso, procede en este acto a subsanar el error material cometido, en consecuencia, pasa a dejar constancia de lo siguiente. En la sentencia dictada en el presente asunto en fecha 14 de noviembre de 1979, en la narrativa y Capítulo UNICO de la sentencia, folios 50 al 55 del presente expediente, se corrige el error material DONDE SE LEE: BETTY CELINDA MORA MAGGIORANI DE ALARCON, BETTI CELINDA MORA DE ALARCON, BETTI CELINDA MORA MAGGIORANI DE ALARCON, BETTY CELINDA MORA DE ALARCON o BETTY CELINDA MORA MAGGIORANI, DEBE LEERSE: BECTI CELINDA MORA MAIORANA de ALARCON, por cuanto fueron consign.....