este TRIBUNAL RATIFICA LA MEDIDA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, SALA DE JUICIO EL VIGIA, en fecha 12 de diciembre de dos mil 2007, (12/12/2007), a favor de la adolescente OMITIR NOMBRE, de quince (15), años de edad, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 131 segundo aparte de la Ley para la Protección del Niño y del Adolescente. CÚMPLASE.-

este TRIBUNAL RATIFICA LA MEDIDA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, SALA DE JUICIO EL VIGIA, en fecha 27 de Marzo de dos mil seis (27/03/2006) a favor del niño: OMITIR NOMBRE, de diez (10) años de edad, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 131 segundo aparte de la Ley para la Protección del Niño y del Adolescente. CÚMPLASE.----------------------------

En atención y consideración a las razones ya expuestas, es por lo que este JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA, incoada por la ciudadana MAVELY COROMOTO CONTRERAS SALAZAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.485.826, domiciliada en esta ciudad de Mérida y hábil, actuando como co-propietaria y a su vez como representante legal de los usufructuarios JOSÉ IVO VALENTÍN CONTRERAS UZCATEGUI y MARÍA SOFÍA SALAZAR DE CONTRERAS, quienes son venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 254.446 y V- 674.067, respectivamente, debidamente representada por sus Apoderadas Judiciales Abogadas CLARA GISELA UZCATEGUI y KARLA ANDREINA ALTUVE UZCATEGUI, quienes son venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros......

DISPOSITIVA Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA el Desistimiento del Recurso de Apelación de autos interpuesto por el Abogado JESUS ANTONIO MORON MORENO, en su carácter de defensor privado del encausado FREDDY ORTA AÑEZ, contra la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 06 de este Circuito Judicial Penal en fecha 18-02-2010, en contra del mencionado ciudadano, por el delito de Homicidio Intencional Simple; se declara firme la decisión recurrida. Cópiese, publíquese y notifíquese a las partes. DR. ALFREDO TREJO GUERRERO PRESIDENTE ACCIDENTAL - PONENTE DR. JOSE GERARDO PÉREZ RODRÍGUEZ JUEZ TEMPORAL DE LA CORTE DR. GENARINO BUITRIAGO ALVARADO JUEZ TEMP.....

El Tribunal conforme a los Artículos 2, 7, 26, 27, 49, 51, 115 y 253 de la Carta Magna, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y la Resolución N° 2009-0006, de fecha 18 de Marzo del año 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial N° 39.152, de fecha 02 de Abril de 2009, habida cuenta de que hasta la fecha no ha habido oposición alguna a las pretensiones de la peticionaria, declara bastante el justificativo a que se ha hecho referencia para acreditarle la propiedad y posesión que la ciudadana MARIA ROCIO VERGARA GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, de oficios del hogar, titular de la cédula de identidad número V-15.756.283, domiciliada en la población de Pueblo Llano, Municipio del mismo nombre del Estado Mérida y hábil, tiene sobre dichas mejoras o bienhechurías, salvo los derechos a terceros.

En efecto, muy por el contrario de lo señalado por el solicitante de la aclaratoria, del dispositivo del fallo dictado por esta Superioridad en fecha 12 de agosto de 20010, se entiende que: "PRIMERO: Se declara LA NULIDAD del auto de fecha 03 de agosto de 2007 (folio 589, segunda pieza), dictado por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, así como de las actuaciones procesales subsiguientes, cumplidas a partir de la referida fecha. SEGUNDO: Como consecuencia del pronunciamiento anterior, se decreta LA REPOSICIÓN de la causa al estado en que se encontraba para la fecha 03 de agosto de 2007, a los fines de que el a quo verifique la práctica de la debida notificación de los codemandados JOSÉ OLIVO RANGEL AVENDAÑO y RAMÓN BENITO QUINTERO HERNÁNDEZ, cumplida la cual, proceda a admitir el recurso de apelación interpuesto en fecha 20 de junio de 2007 por la parte actora, ciudadana CARMEN BEATRIZ PEÑA ARAN.....

En consecuencia, en atención a la doctrina vertida en el fallo supra trascrito, que este Juzgador acoge ex artículo 321 adjetivo, la petición de constitución de este tribunal con asociados formulada por la demandante, resulta improcedente en derecho, en razón, de que dicha solicitud es incompatible con el procedimiento breve consagrado en el artículo 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por el cual se rige la presente causa. Así se decide

se establece una Medida de Seguridad Social, al ciudadano JORGE IVÁN APARICIO GAVIDIA, ut supra identificado, consistente consistente en acudir a la Fundación José Félix Ribas (líbrese el oficio correspondiente), a los fines de someterse a la aplicación del tratamiento de rehabilitación obligatorio, por el lapso de un (01) año. Se acuerda la remisión de las actuaciones al Tribunal de Ejecución que por distribución le corresponda conocer. Se ordena dejar sin efecto la orden de aprehensión dictada en su contra. Líbrese los oficios correspondientes Se autoriza la destrucción de la droga incautada, conforme al artículo 193 de la Ley Orgánica de Drogas. Se omiten Librar Boletas de Notificación a las partes ya que las misma fueron debidamente notificadas en la audiencia oral, una vez firme lo decidido. El fundamento de la presente decisión se basa en los artículos 129, 130, 131 y 193 de la Ley Orgánica de Drogas

.El Tribunal se trasladó y constituyó a los fines de ejecutar la medida Innominada decretada por el Tribunal Penal de Control Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en la sede del Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.-CONCLUSIÒN: En cumplimiento a lo ordenado por el Comitente, se constituyó en la sede del Registro Mercantil, procediendo a notificar a la Registradora Ivonne Casart, lo referente a abstenerse de protocolizar cualquier documento que pertenezcan a los Ciudadanos: Amanda Arevalo Gómez vda. De Torres, Leopoldo Torres Arevalo y Carlos Enrique Torres Arevalo; acordó dentro de las horas de Despacho trasladarse al Registro Inmobiliario para continuar con la ejecución del referido fallo. Se le hizo entrega a la Registradora de una copia fotostática certificada de todas las actuaciones. Se dejó constancia que se respetaron los derechos y garantías constitucionales y por estas actuaciones no se recaudó arancel judicial alguno da.....

El Tribunal en cumplimiento de la Comisión conferida por el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, se trasladó y constituyó en el sitio indicado por la parte Actora.- CONCLUSIÒN: Visto el pedimento hecho por el Apoderado Judicial actor Abogado Juan Bautista Guillen, quien solicito al Tribunal que vista la información dada por la madre del demandado de autos, se abstenga de prácticar la medida de Embargo Provisional, y oportunamente solicitará nueva fecha para la ejecución respectiva, y regrese a su sede natural, seguidamente el Tribunal se abstuvo de practicar la medida decretada, y previa solicitud de la parte actora fijará nueva oportunidad y regresó a su sede natural. Se dejo constancia que se respetaron los derechos y garantías constitucionales y por estas actuaciones no se recaudó arancel judicial alguno dada la gratuidad de la justicia.-