se dicta decaimiento: PRIMERO: El decaimiento de la apelación, por falta de interés procesal, por apelación (tacha de documento público), interpuesta en fecha 28 de marzo de 2011 (folios 212 y 213), por el abogado LEONARDO HUMBERTO CARRERO CONTRERAS, actuando en su propios nombre y en defensa de sus derechos e intereses, como parte demandante. Contra la decisión proferida en fecha 11 de mayo de 2010, por el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. CON SEDE EN TOVAR. SEGUNDO: Se confirma en todas y cada una de sus partes el fallo apelado. TERCERO: Dada la índole del presente fallo, no se hace especial pronunciamiento sobre costas.

Por los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO (1°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL CON SEDE TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, decide: PRIMERO: EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA por extinción de la acción penal a favor de la ciudadana: NATHALY CAROLINA CALDERON MEDINA, por el delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DEL DELITO DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 09 de la Ley Sobre El Hurto y Robo de Vehículo Automotor, cometido en perjuicio de LUIS DANIEL MORENO SALCEDO, en aplicación de los artículos 300 numeral 3 y 49 numeral 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el artículo 108 ordinal 6° del Código Penal. SEGUNDO: Notifíquese a la Fiscalía, a la defensa, al imputado y la(s) víctima(s), si no es posible la notificación personal, procédase de conformidad con lo establecido en el .....

´Por los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO (1°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL CON SEDE TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, decide: PRIMERO: EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA por extinción de la acción penal a favor del ciudadano: ÁNGEL BENITO MORAN OSORIO, por el delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DEL DELITO DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 09 de la Ley Sobre El Hurto y Robo de Vehículo Automotor, cometido en perjuicio de LUIS ÁNGEL CASIMIR MIRANDA, en aplicación de los artículos 300 numeral 3 y 49 numeral 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el artículo 108 ordinal 6° del Código Penal. SEGUNDO: Notifíquese a la Fiscalía, a la defensa, al imputado y la(s) víctima(s), si no es posible la notificación personal, procédase de conformidad con lo establecido en el artículo.....

este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley HOMOLOGA el CONVENIMIENTO efectuado por el ciudadano DAVID ALFREDO CONEJOS NAVA, de conformidad con el artículo 263 en concordancia con el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, y le imparte el carácter de sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada. SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento se da por reconocido en su contenido y firma el documento privado de venta, suscrito por el ciudadano DAVID ALFREDO CONEJOS NAVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número V-10.100.784, de los Derechos y Acciones que le corresponden equivalente al cincuenta por ciento (50%), sobre un inmueble consistente de un galpón y su parcela de terreno distinguido con el N° 9, ficha catastral N°03071321, ubicado en el parcelamiento Don Bosco, Avenida Los Próceres, La Pedregosa, Parroquia Juan Rodríguez Suárez , Municipio Libertador del est.....

Visto el escrito del recurso de amparo sobrevenido y el de subsanación, donde se cumple con los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y al no estar incurso en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la mencionada ley, es por lo que este TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la solicitud de amparo sobrevenido que ha interpuesto el abogado RAMÓN ALEXIS DÁVILA MONTILLA, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-12.502.381, de este domicilio, actuando en su propio nombre y en defensa de sus derechos constitucionales, contra los consorcios UTE TRANSMERIDA y UTE BARQUITRANS; las abogadas MARIA GABRIELA PIÑANGO y MARIA EUGENIA ÁLVAREZ DE HURTADO, venezolanas, titulares de las c.....

se dictó sentencia en los siguientes términos: PRIMERO: El decaimiento de la apelación, por falta de interés procesal, por desalojo de arrendamiento comercial por falta de pago de cánones de arrendamiento y vencimiento de contrato de arrendamiento, interpuesta en fecha 16 de junio del 2016, por la abogada EYDA JANETH JIMENEZ GONZÁLEZ en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, contra la decisión proferida en fecha 14 de junio del 2016, por el TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE LOS MUNICIPIOS ALBERTO ADRIANI, ANDRES BELLO, OBISPO RAMOS DE LORA Y CARACCIOLO PARRA Y OLMEDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. (Sede Vigía). SEGUNDO: Se confirma en todas y cada una de sus partes el fallo apelado. TERCERO: Dada la índole del presente fallo, no se hace especial pronunciamiento sobre costas.

CAPITULO CUARTO DECISIÓN INVOCANDO LA PROTECCIÓN DE DIOS TODOPODEROSO, POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2, 26, 49 Ord. 4º, 253 y 257 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 255, 256 y 257 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1.713 DEL CÓDIGO CIVIL; ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS RIVAS DÁVILA Y PADRE NOGUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA, CON LUGAR LA SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN PRESENTADA POR LAS PARTES EN LA PRESENTE DEMANDA, por no ser contrario al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa en la Ley. EN CONSECUENCIA:

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la cuestión previa opuesta por el abogado ELEAZAR LEON MORIN AGUILERA, en su carácter de coapoderado de la parte demandada de autos, empresa mercantil INVERSIONES MON C.A., (INVERMONCA), representada por el ciudadano RAFAEL RAMON UZCATEGUI LAMUS, contenida en el ordinal 8vo del artículo 346 del CPC, es decir, la existencia de una cuestión prejudicial que debe resolverse en un proceso distinto. SEGUNDO: Se advierte que de conformidad con el artículo 357 del CPC, la presente decisión sobre la defensa previa a que se refiere el ordinal 8° del artículo 346 eiusdem, no tiene apelación. TERCERO: Por cuanto la decisión se pronuncia fuera del lapso legal, se acuerda la notificación de las partes, para evitar la trasgresión de la norma constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de las partes, previstos en el encabezamiento y numeral 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cum.....

´Este Tribunal en vista que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de los trabajadores, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada.´

En este mismo orden de ideas, es de capital relevancia recalcar, que la actividad impugnatoria de la cual se desprende la presente solicitud de aclaratoria, versa sobre la disconformidad de la recurrente, toda vez que a su criterio, el escrito acusatorio carece de relación clara, precisa y que el mismo no se acompañaba de suficientes elementos de convicción, constatando esta Alzada que en efecto el a quo no da respuesta a la Defensa del por qué desvirtúa su percepción en cuanto a que de los hechos esgrimidos por la representación fiscal, no evidencian en forma precisa y clara cuál fue la participación concreta, desplegada por los encausados y su vinculación al delito endilgado, no dando respuesta la jurisdicente, en lo relacionado a los alegatos de la Defensa en relación a su exigencia de que la conducta en cuestión requiere de elementos constitutivos del tipo penal, para que esta resulte reprochable desde la perspectiva jurídico penal. No da respuesta el a quo si en relación a la plur.....