En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 310 del citado Código de Procedimiento Civil, ex artículo 163 de la Ley de Alquileres de Vivienda (Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda), se REVOCA por contrario imperio el referido auto de mero trámite o mera sustanciación, se decreta la reposición del presente procedimiento al estado en que se encontraba para la mencionada fecha, a los fines de darle entrada nuevamente al presente expediente, como en efecto, por este auto se acuerda. En tal sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley especial citada, se advierte a las partes, que a las once de la mañana (11:00 a.m.) del tercer día de despacho siguiente a la presente fecha, tendrá lugar la audiencia de apelación, fecha en la cual se dictará la sentencia definitiva.

PRIMERO: Se declara INADMISBLE el recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de agosto de 2014, por el abogado en ejercicio PABLO IZARRA GONZÁLEZ, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana GLADYS GUILLERMINA AVENDAÑO DE CÁRDENAS, parte co demandada, contra la sentencia proferida en fecha 07 de agosto de 2014, por el TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. SEGUNDO: Se REVOCA el auto dictado en fecha 12 de noviembre de 2014, mediante el cual el Tribunal de la causa admitió en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por el abogado PABLO IZARRA GONZÁLEZ, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana GLADYS GUILLERMINA AVENDAÑO DE CÁRDENAS, parte co demandada, contra la sentencia de fecha 07 de agosto de 2014. TERCERO: Por la naturaleza del fallo, no hay especial condenatoria en costas.

Así, las pruebas promovidas en el sub lite resultan manifiestamente inadmisibles, en virtud que, en cuanto a las documentales promovidas, se tratan de documentos privados, y por tanto no constituyen instrumentos públicos subsumibles en la definición que al respecto establece el artículo 1.357 del Código Civil, y, en cuanto a las testificales promovidas, tampoco constituyen medios de pruebas admisible en segunda instancia; todo ello de conformidad con el precitado artículo 520 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. No obstante, se advierte a las partes y especialmente al promovente, que esta Superioridad está en la obligación de analizar y valorar en la sentencia definitiva, todas las actas procesales y las pruebas promovidas en la instancia inferior, para la resolución de la controversia o asunto sometido por vía de apelación a su conocimiento.