Por las razones que anteceden este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Constitución y sus Leyes, declara: PRIMERO: LA INCOMPETENCIA FUNCIONAL de este Tribunal para conocer de la INCIDENCIA DE INHIBICION procedente del JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, propuesta por la Juez Titular ABOGADA MARÍA ELCIRA MARÍN OSORIO, mediante la cual se inhibe de la causa N° 6463, DEMANDANTE: SOCIEDAD MERCANTIL ESCALANTE MOTORS MÉRIDA C.A., a través de su Director VOTTORIO ASTOLFO PIVA. DEMANDADO: EMPRESA COPROLIT C.A., representada por el ciudadano MARIO FRANCISCO TORRES PALACIO. MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO. Y ASÍ SE DECIDE. SEGUNDO: SE DECLINA la competencia al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y .....

Examinada detenidamente como ha sido la declaración contentiva de la inhibición propuesta, considera el Tribunal, que la misma fue hecha en forma legal y se encuentra fundamentada en motivo justificado, específicamente en los cardinales 12 y 13 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 84 eiusdem, en consecuencia, de conformidad con el artículo 88 ibidem, resulta procedente declarar Con Lugar dicha inhibición, como en efecto así se declara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Así se decide

este Juzgado Ejecutor de Medidas de Los Municipios Campo Elías y Aricagua de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se DECLARAN Embargados Ejecutivamente los Locales señalados por las Abogadas ejecutantes, cuyas Medidas y Linderos

Por todo lo anteriormente señalado, éste Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución Nro. 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA EXTINGUIDA LA PENA QUE LE FUE IMPUESTA AL PENADO RAMÓN ANTONIO PEÑA ALARCÓN, titular de la cédula de Identidad N° V-21.181.755 ,con motivo a que cumplió con las condiciones impuestas en la suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena y por ende con la totalidad de la pena que le fue impuesta, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 479, Ord. 1° Y 497 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 105 del Código Penal.

PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN formulado por la profesional del derecho Guillermo Enrique Gutiérrez, con el carácter de co-apoderado judicial de la parte demandante, contra la decisión proferida por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 22 de noviembre de 2010, en el asunto principal signado con el N° LP21-L-2010-000130; en virtud que no tiene legitimación para el presente juicio. SEGUNDO: Se declara INADMISIBLE la demanda interpuesta, por ser de orden público, en virtud de las razones expuestas en la motiva del presente fallo. TERCERO: No se condena en costas a la parte recurrente por tratarse de una empresa del Estado, que goza de las prerrogativas y privilegios otorgados por la ley a la República de conformidad con el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

PRIMERO: INADMISIBLE el RECURSO DE NULIDAD CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 00207-2010 de fecha 13 de octubre de 2010, emanada DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA, CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 046-2009-01-00443, interpuesto por la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, por haber operado la caducidad de la acción. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión. TERCERO: Se ordena la notificación de la ciudadana PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Con fuerza a las anteriores consideraciones, es por lo que este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTAD0 MÉRIDA, administrando justicia, en nombre de LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y por autoridad de La Ley DECLARA: ORDEN DE CAPTURA en contra del imputado, FRANKLIN ARMANDO ROJAS NAVAS, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 19.383.118, soltero, obrero, residenciado en el Sector El Latino, calle 02, casa sin número, al lado del Centro Familiar La Finolera, Nueva Bolivia, del estado Mérida, por la presunta comisión del delito ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA previsto y sancionado en el Artículo 460 ordinal primero del Código Penal en concordancia con el Artículo 83 y segundo aparte, y los Artículos 80 y 82 del mismo Código, en perjuicio del ciudadano GERARDO DE JESUS VIELMA RONDON y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 278 del Código penal en perjuicio del Estad.....

este JUZGADO ACUERDA: De conformidad con lo establecido en el articulo 330 numeral 2 del COPP; se admite totalmente la acusación presentada por el Ministerio Público, en contra del imputado Pablo José Benítez López, por la comisión del delito de "ACTIVIDADES EN ÁREAS ESPECIALES O ECOSISTEMAS NATURALES", cometido en perjuicio de la Colectividad. SEGUNDO: De conformidad con el articulo 330 numeral 9 del COPP, se admiten todas las pruebas ofrecidas por la Representación Fiscal, a los efectos del Juicio Oral y Público, por ser útiles, licitas, pertinentes y necesarias, las cuales rielan insertas en el escrito acusatorio a los folios 139 al 167 de la causa. TERCERO: Una vez realizado el pronunciamiento por este Tribunal, en cuanto a la admisión de la acusación y de las pruebas, el imputado en mención solicita a viva voz acogerse a una de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, específicamente la SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO, prevista en el artículo 42 y siguientes de.....

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL N° 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: SE ACUERDA LA SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO AL ACUSADO ANER YOVAN LEZCANO .

En consecuencia, de conformidad con el artículo 4 de la citada Ley este Tribunal decreta la SUSPENSIÓN DEL PRESENTE PROCESO JUDICIAL, hasta tanto las partes acrediten en el mismo haber cumplido con el procedimiento administrativo previo y especial ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, descrito en los artículos 6 y siguientes del Decreto Presidencial antes mencionado. Se omite la notificación de las partes por encontrarse a derecho. EL JUEZ TITULAR, ALBIO CONTRERAS ZAMBRANO LA SECRETARIA TITULAR, SULAY QUINTERO QUINTERO ACZ/SQQ/yp.-