Revisado como ha sido el presente expediente y visto los recaudos presentados por las parte solicitante, este Tribunal ordena dictar Medida Provisional de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre los siguientes bienes inmuebles: ubicado en la Avenida Principal de Castillito, ubicado en el Centro Comercial "ASUAN", del Municipio Caroní, Estado Bolívar, construidos sobre una parcela de terreno propiedad de GHALEB ABOU RASS y ZAMOURROD RADOUAN DE ABOU RASS, los locales uno (01), dos (02), tres (03) y cuatro (04) tienen una superficie de CIENTO VEINTIDOS METROS CUADRADOS (122,00 Mts2), cada uno y cada local mide SEIS METROS CON DIEZ CENTIMETROS (6,10 Mts) de frente por veinte metros (20,00mts) de fondo y están distribuidos de la siguiente manera: Una sala baño para cada local, construidos los locales con paredes de bloques con friso liso, techo de platabanda, piso de granito, puertas de vidrio y protección externa con puertas tipo " Santa María", impermeabilacion asfáltica. Para los derecho.....

1.- INADMISIBLE la acción de amparo constitucional intentada por la ciudadana: María Josefina Acuña Hernández, titular de la Cedula de Identidad N° V-15.538.468. 2.- NO HAY CONDENATORIA en costas en virtud de la naturaleza del fallo dictado.

DISPOSITIVA.- Por lo anteriormente expuesto este Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor del Municipio Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR LA DEMANDA intentada por la Ciudadana CELSA MARIA DUGARTE DUGARTE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.037.183, debidamente asistida por el profesional de derecho abogado LIBARDO CONTRERAS RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 8.033.786, Inpreabogado Nº 66.715, contra los ciudadanos MIREYA SILVA RANGEL y YOEL ORLANDO SILVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 8.048.231 y V-18.309.971, en su orden, por DESALOJO POR LA FALTA DE PAGO Y LA NECESIDAD DE OCUPAR EL INMUEBLE ARRENDADO; de conformidad a los articulos 91 ordinales "1" y "2" y 92 de la Ley.....

(Omissis)"...Las sentencias interlocutorias no apelables y que corresponden obviamente al concepto de autos de mera sustanciación son aquellas que no deciden ninguna diferencia entre las partes litigantes, y por ende son insusceptibles de poner fin al juicio o de impedir su continuación, ni causan gravamen irreparable a las partes, así lo ha aceptado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia; de tal manera que para conocer si se está en presencia de una de estas decisiones llamadas de mera sustanciación hay que atender a su contenido y a sus consecuencias en el proceso, de tal manera que si ellas, traducen un mero ordenamiento del Juez, dictado en uso de su facultad de conducir el proceso ordenadamente al estado de su decisión definitiva, responderá indefectiblemente a ese concepto de sentencia interlocutoria de simple sustanciación y por ende no apelable ya que de ser así se estaría violentando el principio de celeridad procesal tan celosamente custodiado por las normas adjetivas.....

Se declaró CON LUGAR la inhibición formulada en fecha 24 de octubre de 2016, por el Juez Temporal del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, abogado CARLOS ARTURO CALDERÓN GONZÁLEZ.

Por estas razones, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS ALBERTO ADRIANI, ANDRES BELLO, OBISPO RAMOS DE LORA Y CARACCIOLO PARRA OLMEDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 184 del Código Civil, y el criterio interpretativo con carácter vinculante del artículo 185 del Código Civil, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declara CON LUGAR, la solicitud de Divorcio por Mutuo Consentimiento, formulada por los cónyuges ciudadanos ANGEL ENRIQUE GUTIERREZ LOPEZ y MARIANA BETANIA GARCIA CAMACHO, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, titulares de la cédula de identidad No. 18.636.618 y 23.727.293, respectivamente, domiciliados el primero, en la Urbanización Bubuquí V, Vereda 09, Casa No. 03, El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano.....

PRIMERO: SIN LUGAR el RECURSO DE NULIDAD interpuesto por la ciudadana ALYSSA YOLANDA MOLINA CONTRERAS, en contra del ACTO ADMINISTRATIVO emanado de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO BOLIVARIANO MERIDA, relacionado con la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 00009-2013, de fecha 30 de enero de 2013, contenida en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 046-2012-01-00010.

PRIMERO: EL DESISTIMIENTO DEL PROCESO, en la demanda que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS CONCEPTOS LABORALES, interpuso el ciudadano CARLOS ALBERTO CONTRERAS ARAUJO, en contra de la FUNDACIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA (FUNDEMER) y, solidariamente en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. (Todos identificados en autos).

Revisado como ha sido el presente expediente y vista la diligencia suscrita por el abogado Adrián Gelves, inscrito en el Inpreabogado Nº 52.966, quien expone: que en sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del 2016 que corre inserta al folio 10 del presente expediente se evidencia que por error involuntario al momento de trascribir el nombre de la ciudadana MARY UZ DALTA CRUZ, siendo lo correcto "MARY LUZ DALTA CRUZ", así mismo se deja constancia que por error involuntario en la referida sentencia se transcribió "Nº 8.709.054", siendo lo correcto " Nº 10.318.463", en tal sentido este Tribunal en aras al INTERES SUPERIOR del niño de autos de conformidad con el contenido y alcance del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, en armonía con la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20 de Junio del año 2002 es por ello que mediante el presente auto aclara el contenido de la decisión. Quedando así aclarada la anterior decisión.....