Vista la doctrina y jurisprudencia señaladas anteriormente, y en virtud que los medios prueba promovidos por la representación judicial de la parte demandante, fueron presentados ante el A Quo, valga decir, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del estado Bolivariano de Mérida, y las mismas no versan sobre hechos nuevos, ni constituyen un instrumento público, y por tanto no se subsumen en la definición que establece el artículo 1.357 del Código Civil, sobre los medios de pruebas admisible en segunda instancia, de conformidad con el precitado artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, esta Juzgadora NIEGA la admisión de la referida probanza, por cuanto no se trata de instrumentos públicos admisibles en segunda instancia. ASÍ SE DECIDE.

PRIMERO: Se HOMOLOGA la transacción celebrada en fecha 11 de agosto de 2022 entre los ciudadanos MAZIN DAWARA RAFIH -en su condición parte demandante- debidamente asistido por el abogado en ejercicio JOSÉ GREGORIO ROJAS ARANGUREN y MARÍA JOSÉ PUCCINI PÁEZ-en su condición de parte demandada- debidamente asistida por la abogada en ejercicio ZULMA MARÍA CARRERO DE ARAQUE, en consecuencia, le imparte a dicho acto de composición procesal el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y se advierte que, una vez quede firme el presente fallo, se declarará terminada la causa y se ordenará la remisión del expediente al tribunal de la causa. SEGUNDO: Conforme a lo pactado por las partes intervinientes en la transacción sub lite, no se hace especial pronunciamiento sobre las costas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil.

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto mediante diligencia de fecha 28 de marzo de 2017 (f. 274), por la abogada ANGELICA LORENA ROMERO HERNANDEZ, en su condición apoderada judicial del ciudadano HASAN BONAI BONAI, parte demandada y por la representación judicial de la parte actora, abogada ROSAURA GUILLÉN, en fecha 10 de mayo de 2017 (f. 286), contra la sentencia dictada en fecha 14 de marzo de 2017 (fs. 261 al 269), por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, mediante la cual declaró concluida la partición judicial. SEGUNDO: Se CONFIRMA el fallo apelado, dictado por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. TERCERO: De conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso a la partes.

PRIMERO: LA EXTINCIÓN de la apelación interpuesta en fecha 12 de noviembre de 2004 (f.56), por la abogada ROSEMARY SPAGNOL, coapoderada judicial de la parte demandada, contra el auto decisorio de fecha 09 de noviembre de 2004 (f. 55), mediante el cual el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, negó la solicitud de revocatoria por contrario imperio del auto proferido por dicho tribunal en fecha 29 de octubre de 2004 (fs. 48 y 49), en el juicio seguido por el ciudadanos CARLOS DÁVILA DÁVILA Y OTROS contra la ciudadana MARÍA ALBERTINA ARIAS RANGEL, por ejecución de hipoteca. SEGUNDO: Por la naturaleza del presente fallo, no se hace especial pronunciamiento sobre las costas del recurso.