Las firmas personales cuyo propietario haya fallecido, existe un vacío legal en cuanto a la manera cómo deben ser administradas en el caso de que no haya consenso entre los nuevos propietarios, lo que sin duda puede generar diferencias entre las partes, y advirtiendo este Tribunal que la firmas en cuestión carecen de un Órgano de Administración legítimamente designado, y estando en presencia de un juicio de partición de bienes hereditarios entre los que se encuentra las firmas personales antes señaladas, en resguardo de los derechos de las partes en este proceso, con miras a garantizarles una sana administración de los negocios y precaver cualquier hecho que menoscabe el patrimonio hereditario, considera demostrado los requisitos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil así como el PERICULUM IN DAMNI por lo que se decretara la medida innominada de designar un veedor judicial para las firmas personales a la que se contrae la presente decisión.

Quien suscribe el presente fallo determina que, evidenciado como fue dicha transacción hecha por las partes, y este acto es irrevocable aún antes de la homologación del Tribunal, y además se constató que por tratarse de derechos disponibles, vale decir, la presente pretensión se refiere a un juicio de DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL, este Tribunal considera que no hay discusión, ni inconveniente legal y pasa a homologar el presente acto.

Quien suscribe el presente fallo determina que, evidenciado como fue dicha transacción hecha por las partes, y este acto es irrevocable aún antes de la homologación del Tribunal, y además se constató que por tratarse de derechos disponibles, vale decir, la presente pretensión se refiere a un juicio de RESOLUCION DE CONTRATO, este Tribunal considera que no hay discusión, ni inconveniente legal y pasa a homologar el presente acto.

En cuanto a los presupuestos que las normas citadas ut-retro contemplan para esta figura procesal, se encuentra que cumple con los requisitos previstos en ellas, como lo son: 1) la exteriorización de la voluntad de la actora de separarse del procedimiento incoado; 2) la capacidad para disponer de la suerte del proceso, y 3) El desistimiento de la demanda, produce los efectos de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, considerándose además, que el desistimiento expresado no afecta al orden público, al observarse que en la demanda renunciada se tramitaban derechos que corresponden al dominio privado del demandante, con todo lo cual resulta procedente en este caso homologar el desistimiento, impartiéndole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que debe verificarse de inmediato por este Tribunal, en los términos en que quedó expresada y declarará firme la referida decisión, por auto separado.