El Tribunal negó las pruebas contenidas en los CAPITULOS QUINTO Y SEXTO del escrito de promoción de pruebas, por cuanto se observa que las inspecciones judiciales aludidas en los referidos capítulos, practicadas por el Juzgado de los Municipios Rivas Dávila y Padre Noguera de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, son pre constituidas y no son documentos privados objeto de ratificación de firmas.

El Tribunal negó el pedimento formulado por los ciudadanos LUIS LUIS BELLO y JOSE GREGORIO GONZALEZ, en su carácter de Presidente y Gerente de la codemandada, empresa mercantil AGROPECUARIA LA GUANCHA C.A., en virtud, de que lo que sería procedente es el cambio por otra depositaria judicial autorizada y así lo decidió en el auto de fecha 08 de junio de 2005.

El Tribunal se abstuvo de declarar la nulidad del deslinde, solicitado por el ciudadano HORACIO ASPLILLA, por cuanto es improcedente por haber alcanzado el acto su fin al cual estaba destinad.

El Tribunal negó el pedimento formulado por el abogado JOSE IGNACIO GONZALEZ, de que sea remitido el expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y además por no constar en autos requerimiento alguno por dicha Sala.

Se declaró CON LUGAR la apelación interpuesta por el demandante, ciudadano ANGEL RAUL RAMÍREZ MENDEZ, contra la sentencia definitiva dictada en este juicio por el Juzgado Segundo de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida; se reformó la decisión apelada ordenándose el pago de los conceptos; se declaró CON LUGAR la demanda, interpuesta por ante el referido Tribunal, por el ciudadano ANGEL RAUL RAMÍREZ MENDEZ, contra los ciudadanos RONALD PETER RAMNARINE KINGLANG y AMILCAR RINCÓN, y se condenó al pago de los conceptos indicados y establecidos en la motivación del fallo, que alcanzan a la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO UN BOLIVAR (Bs. 566.101,00), y se ordenó la correspondiente corrección monetaria de la suma de dinero condenada a pagar, y se condenó a la parte demandada al pago de las costas procesales, por haber resultado totalmente vencido en el juicio.