este TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS ALBERTO ADRIANI, ANDRES BELLO, OBISPO RAMOS DE LORA Y CARACCIOLO PARRA Y OLMEDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la cuestión previa propuesta por el ciudadano AUGUSTO ANNEL VELASCO CASTELLANOS, titular de la cédula de identidad Nº V-10.904.508, asistido por el abogado ALFREDO MENDOZA ALMARIO, titular de la cédula de identidad Nº V-12.355.065, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 28.068, como parte demandada, contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, fundada en el ordinal 4º del artículo 340 eiusdem.

por cuanto el tribunal observa que no hay persona contra quien pueda obrar la presente RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, se ordena librar EDICTO para que sea publicado en un diario de amplia circulación nacional a escoger EL UNIVERSAL y/o EL NACIONAL y/o ULTIMAS NOTICIAS, emplazándose en dicho edicto a cualquier persona que pueda tener interés directo o manifiesto en la presente solicitud, para que comparezcan por ante el despacho de este juzgado, en el DÉCIMO DÍA HÁBIL siguiente a que conste en autos la notificación del FISCAL DE GUARDIA DE FAMILIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA y de la publicación del edicto librado, en horas de despacho a fin que exponga lo que a bien tenga sobre la solicitud promovida. Líbrese edicto y entréguese a la parte interesada para su publicación. Se informa a la parte que el edicto ordenado a librar deberá ser publicado con tamaño de letra no inferior a siete puntos y en tipo de letra helvético, .....

En atención y consideración a lo anteriormente expuesto, es por lo que este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA SIN LUGAR la solicitud de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE DEFUNCIÓN, intentada por la ciudadana FRANCELINA JAIME CHOGO, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-11.215.367, domiciliada en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil, debidamente asistida por el abogado en ejercicio LEONARDO CARRERO GUILLÉN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-9.399.263, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 69.930, domiciliado en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida y jurídicamente.....

este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACION Y SUSTANCIACION DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Declara Desistido el presente procedimiento AUTORIZACION PARA REGISTRAR MEJORAS por disposición expresa del artículo 511 y 522 de la Ley Orgánica para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en consecuencia, se declara extinguida la instancia y terminado el asunto con el archivo del expediente

este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, CONCEDE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL SOLICITADA, Todo de conformidad con lo previsto en los artículos 267, 268 y 269 del Código Civil Venezolano, en concordancia con el artículo 177 parágrafo cuarto, literal "e" de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. "Se deja a salvo los derechos a terceros".

se acuerda realizar una ACLARATORIA DE LA SENTENCIA de AUTORIZACION JUDICIAL PARA COMPRAR INMUEBLE, dictada en fecha 10/12/2014. En tal sentido, de conformidad con el contenido y alcance del articulo 252 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, en armonía con la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20 de Junio del año 2002, mediante el presente auto se corrige el contenido de la anterior decisión, y por consiguiente, téngase el presente auto como parte integrante de la sentencia dictada en este despacho en fecha 10/12/2014

DISPOSITIVO:Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, declara: PROCEDENTE LA OPOSICIÓN propuesta por el abogado RANDY SULBARAN MOLINA, en su condición de Apoderado Judicial de la Ciudadana ANA TERESA DÁVILA LINARES, parte demandante del presente juicio. Así se decide. LA JUEZA TITULAR, ABG. IRIA BRACHO DE SUÁREZ.- LA SECRETARIA TITULAR, ABG. ZONIA C. GONZÁLEZ B. IBdeS/zcgb/lm.

DISPOSITIVA: Este TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA; ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: Primero: Ineficaz la actuación de fecha 23-01-2015, inserta a los folios 136 y 137 del presente expediente de la Abogada AMARILIS COROMOTO QUINTERO DUGARTE, Defensora Pública (E) del Despacho Defensoril Nº 01, en materia Civil y Administrativa Especial, Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda del Estado Bolivariano de Mérida, por cuanto su actuación no está revestida de la formalidad legal pertinente de conformidad al artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, Segundo: Consecuencialmente por cuanto la parte accionada no insistió en hacer valer el Documento, queda Desestimado el mismo el cual se refiere al Contrato de Arrendamiento, suscrito por la Ciudadana María Edil.....

es por lo que este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, NO OYE LA APELACIÓN intentada por el ciudadano abogado JOSÉ MANUEL SALINAS BRICEÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-9.312.832, inscrito en el Instituto de previsión Social del Abogado bajo el número 50.087, domiciliado en la ciudad de Mérida Estado Bolivariano de Mérida y jurídicamente hábil, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente juicio, por no llenar los requisitos exigidos en el Artículo 891 de la Norma Civil Adjetiva, en concordancia con la Resolución Nº 2009-0006, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil nueve (2009) y publicada en Gaceta Oficial Nº 39.152 de fecha dos (02.....

Asì, la prueba promovida resulta inadmisible, en virtud que no constituyen instrumentos públicos, y por tanto no se subsume en la definición que al respecto establece el artículo 1.357 del Código Civil, medios de pruebas admisible en segunda instancia, de conformidad con el precitado artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, sino actuaciones procesales que obran al expediente, efectuadas en el curso del proceso, las cuales no traen al procedimiento en apelación, elementos nuevos que conlleven a formar el criterio del Juez.. Así se decide. No obstante, se advierte a las partes y especialmente al promovente, que esta Superioridad está en la obligación de analizar y valorar en la sentencia definitiva, todas las actas procesales y las pruebas promovidas en la instancia inferior, para la resolución de la controversia o asunto sometido por vía de apelación a su conocimiento