Las medidas deben decretarse, frente a las partes que se encuentran en el juicio, en este caso observamos como pretende la parte actora, se dicte una medida frente a la empresa "MANGUERAS HIDRAULICAS y MAQUINARIAS C.A.", la cual no es parte en el juicio, esto en virtud de que el demandado ciudadano CARLOS RAMÓN UZA es accionista en la misma, situación ésta que al ser analizada por quien suscribe, deja claro la no procedencia de la misma, ya que en el presente juicio de Partición de Bienes, se encuentran como partes, tanto actora como demandado, personas naturales y la empresa constituye una persona jurídica, que como es sabido posee independencia patrimonial, en relación a sus socios y se rige por las disposiciones del Código de Comercio; en tal sentido, no es procedente decretar la medida innominada aquí solicitada, en atención a la revisión y al análisis hecho por este Tribunal se negara si en la dispositiva de la presente decisión

encontrándose la causa en estado de citar a los demandados, de la revisión exhaustiva que se le hiciera al presente expediente, se observa que el demandante en su carácter de comprador de los inmuebles que fueron arrendados objeto de este juicio, introdujo la demanda por Retracto Legal Arrendaticio, cuyo procedimiento está claramente pautada en la Ley del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial publicado en Gaceta Oficial Nro. 40.418, del 23 de mayo del año 2014, en cuyas normas, específicamente en el articulo 43 de dicha Ley, remite para el tramite procesal a través de lo dispuesto en el procedimiento oral contenido en los artículos 864 al 880 del Código de Procedimiento Civil; así las cosas, es evidente que en el caso de autos se vulnero el proceso al admitirse la demanda en un procedimiento distinto al señalado en la Ley de del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial

que en el presente juicio de SERVIDUMBRE DE PASO en la que existen conflictos entre el demandante y la demandada, y que igualmente se encuentra en conflicto los derechos e intereses de tres (03) adolescentes, y que la misma tiene un régimen especial por lo que debe conocer materialmente el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, tal como es evidente del presente caso, porque el Juez competente para conocer de la presente pretensión, es el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA con sede en la ciudad de Mérida

una acción puede ser conforme a derecho por estar amparada y tutelada legalmente y, sin embargo, ser procedente o improcedente en un caso concreto. La frase "siempre que la petición del demandante no sea contraria a derecho", lo que significa es una petición que contradiga de manera evidente un dispositivo legal determinado, específico, esto es, una acción prohibida por el ordenamiento jurídico. Al ejercer la acción, el actor, ciudadano MANUEL EDUARDO RIVAS PAREDES persigue que el demandado, ciudadano ENRI ANTONIO VELÁSQUEZ, convenga en pagarle o en su defecto a ello sea obligado por este tribunal las siguientes cantidades, PRIMERO: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.200.000,00) correspondientes al monto calculado en fecha 27 de junio de 2017 por el perito avaluador competente, de los daños ocasionados al vehículo de su propiedad, solicitó al tribunal, se acuerde la indexación de las cantidades de dinero que se condenen a pagar, debido a la constante pérdida de valor de la m.....