"...este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial Estado Mérida, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de La Ley, declara EXTINGUIDA DE PLENO DERECHO LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL. En consecuencia, una vez quede definitivamente firme la presente sentencia, en la debida oportunidad legal se archivará el expediente. Así se decide..."

Se le dio salida al expediente N° 03118, remitiéndose al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

Por Decisión N° 321/08 de esta misma fecha, se ACUERDA UNA PRÓRROGA DE QUINCE (15) DÍAS ADICIONALES PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO presente el correspondiente acto conclusivo en la presente causa; Se mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que pesa sobre el imputado EDUARDO ENRIQUE CUENCAS TOVILA, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-11.046.788; toda vez que las circunstancias que la motivaron no han variado, en consecuencia líbrese la correspondiente Boleta de Traslado del imputado de autos hasta el Centro Penitenciario de La Región Andina con sede en San Juan de Lagunillas del Estado Mérida. Se acuerda notificar de la presente Decisión a las víctimas por extensión del ciudadano NOLBERTO MÁRQUEZ FERREIRA.-

Se dictó auto y se ACEPTÓ como fiadores solidarios de los imputados Joel Ángel Peña Peña y Johan Rafael Rivas Ramírez, a los ciudadanos Pedro Peña Dávila, Saturnina Dávila, Yomaira Jacqueline Rivas Ramírez y Yenifer Nava Fernández, respectivamente, conforme al artículo 258 del COPP.-

ESTE TRIBUNAL DE CONTROL Nº 05 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EXTENSIÓN EL VIGÍA, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: El SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, a favor de LUÍS ALBERTO DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° 15.142.832, LUÍS ALBERTO BEYODA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° 71.593.819, y JHOANDER GONZÁLEZ LOZADA, titular de la cédula de identidad N° V-15.550.887, por los delitos de ROBO PROPIO y LESIONES INTENCIONALES LEVES, previstos y sancionados en los artículos 457 y 418 del Código Penal vigente para el momento de haber ocurrido el hecho, en perjuicio del ciudadano IYSIDRO RODRÍGUEZ BRICEÑO, titular de la cédula de identidad Nº V-13.825.599, domiciliado para la fecha en La Hacienda La Esperanza, vía a Palmarito, Estado Mérida; por cuanto ha operado la prescripción judicial, por el transcurrir inexorable del tiempo y la inacción de los órganos jurisdiccionales, de conformidad con lo preceptu.....

Por las razones tanto de hecho como de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal de Control N° 1 administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta: El tribunal considera que el presente caso esta ajustado a lo explanado en el artículo 40 del COPP, por tratarse de un delito que recae sobre bienes jurídicos de carácter patrimonial, tal como lo establece el numeral l° del articulo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que se homologa el Acuerdo Reparatório entre los ciudadanos ALFREDO ENRIQUE QUINTERO RONDON, y ARTURO LOPÉZ YUVERO, lo que tiene como consecuencia jurídica la extinción de la acción penal de conformidad con el artículo 48.6 del COPP y se decreta el SOBRESEIMIENTO de la causa de conformidad con el artículo 318.3 ejusdem. Cesa la medida cautelar que ha sido decreta en este acto. Se ordena la entrega del celular. Se ordena librar la respectiva boleta de libertad plena y oficiar a la oficina de objetos.....

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara sin lugar la solicitud de nulidad absoluta de la acusación fiscal, presentada por la Abg. Doris Uzcategui de Villamizar, en su condición de Defensora Pública Penal, y como tal del ciudadano Armando Antonio Pérez Márquez , ya que el prenombrado imputado se encuentra evadido del proceso por habérsele revocado la medida cautelar sustitutiva que le fue otorgada en fecha 14 de Junio de 2006, por incumplimiento. Una vez el imputado de autos se encuentra ha derecho en el presente proceso se decidirá lo conducente. Y Así se decide. Publíquese, diarícese y regístrese. Notifíquese a las partes sobre el contenido de la presente decisión. Cúmplase. La Juez de Control N° 1 Abg. Alida Morella Torcatti Barroterán Secretaría Ab.....

"...este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial Estado Mérida, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de La Ley, declara EXTINGUIDA DE PLENO DERECHO LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL. En consecuencia, una vez quede definitivamente firme la presente sentencia, en la debida oportunidad legal se archivará el expediente. Así se decide..."

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA.- Mérida, veintiséis (26) de septiembre de dos mil ocho (2008).- 198º y 149º Por cuanto la presente causa se encuentra evidentemente paralizada, en virtud de la separación temporal de mi cargo como Juez Titular de este Juzgado, por un lapso de tres meses, contados desde el 16 de junio hasta el 16 de septiembre de 2008 (ambas fechas inclusive), a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes, de conformidad con los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, se ordena su reanudación, a cuyo efecto se fija el primer día de despacho siguiente al vencimiento de diez (10) días calendario consecutivos, contados a partir de la constancia en autos de la última notificación que se haga a las partes o a sus apoderados, la cual se ordena. Se advierte que reanudada la presente causa, continuará su curso en el estado en que se encontraba......

Por cuanto no se encuentra consagrada en el ordenamiento jurídicoes el decreto de medida de desalojo es improcedente y por consiguiente se niega.