Visto el contenido del acto que antecede, este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 1.364 del Código Civil, declara formalmente reconocido el documento

De conformidad con lo establecido en el artículo 349, 375 del Código Orgánico Procesal Penal (según Gaceta Oficial Extraordinario N° 6078, de fecha 15-06-2012), CONDENA al ciudadano GUSTAVO JOSE MONTES ROJAS, venezolano, natural de Mérida, nacido el 11-06-1987, de 26 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad N° 19.144.210, (actualmente recluido en el Centro Penitenciario de Maracaibo, Estado Zulia, Sabaneta), por la comisión del delito OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículos 277 del Código Penal vigente, a cumplir la pena de: UN (01) AÑO y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, más las penas accesorias de Ley correspondientes, previstas en el artículo 16 del Código Penal, como lo son: la inhabilitación política durante el tiempo de la condena. De conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal (según Gaceta Oficial Extraordinario N° 6078, de fecha 15-06-2012).

Se declaró incompetente por la materia y no acepta la declinatoria de competencia que le fue deferida por el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante decisión de fecha 27 de junio de 2013. En consecuencia, se acuerda plantear de oficio el conflicto de no conocer. A tal efecto, envíese con oficio original del presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, para que conozca del conflicto negativo de no conocer, en virtud que la sustanciación y decisión sobre la incompetencia realizada por un Juzgado no competente, cuyo conflicto se produce entre dos Tribunales con competencias distintas, y conforme a lo establecido en la decisión dictada por la Sala Plena de ese Máximo Tribunal de Justicia, en fecha 25 de julio de 2001, para que dirima el conflicto negativo. Remítase copia fotostática certificada de la presente decisión al Juez declinante. Provéase lo conducente.

resuelve: Homologar el acuerdo total celebrado entre las partes FRANCISCA RAMONA NAVA GUILLEN y JOHNNY ALBERTO ALTUVE CARRERO, plenamente identificados a los autos, dándole el efecto de sentencia firme ejecutoriada

declara: CON LUGAR LA DEMANDA que por motivo de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, interpuso el Abogado RONALD EDUARDO CALDERON JEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.204.472, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 108.464, actuando con el carácter de Procurador Especial de las y los Trabajadores en el Estado Mérida y Apoderado Judicial de la ciudadana adolescente OMITIR NOMBRE, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-25.537.272, en contra de la ciudadana MERCEDES RODRIGUEZ en su condición de representante del Fondo de Comercio AREPERA LAS MERCEDES

se HOMOLOGA en todas y cada una de sus partes el mencionado acuerdo suscrito por los ciudadanos ORELIS COROMOTO MARTINEZ MOLINA y CARLOS EDUARDO RIVAS ALTUVE

Resuelve: Declarar Bastantes las probanzas evacuadas, para acreditar a favor de los niños OMITIR NOMBRES y la ciudadana MARIA GABRIELA PAREDES DURAN, en su condición de hijos, y la ciudadana YENNY CAROLINA FERNANDEZ, en su condición de concubina, como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del causante, quien en vida respondiera al nombre de FREDDY PAREDES RAMIREZ. Con vocación hereditaria y derechos sobre el acervo de bienes del fallecido, de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil. Se dejan a salvo los derechos de terceros

Resuelve: Declarar Bastantes las probanzas evacuadas, para acreditar a favor de los niños OMITIR NOMBRES y la ciudadana MARIA GABRIELA PAREDES DURAN, en su condición de hijos, y la ciudadana YENNY CAROLINA FERNANDEZ, en su condición de concubina, como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del causante, quien en vida respondiera al nombre de FREDDY PAREDES RAMIREZ. Con vocación hereditaria y derechos sobre el acervo de bienes del fallecido, de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil. Se dejan a salvo los derechos de terceros.