L A D I S P O S I T I V A En fuerza a las razones que anteceden y en mérito al valor jurídico de los mismos, este Juzgado Primero Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: Primero: CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO CONFORME AL ARTICULO 185-A, realizada por el ciudadano Carlos Edmundo Muñoz Puente, asistido por el abogado Rafael Escalona Márquez; Contra la ciudadana abogada Ana Rita Salas. Segundo: Como consecuencia del anterior pronunciamiento, se disuelve el vínculo matrimonial existente entre los cónyuges Carlos Edmundo Muñoz Puente y Ana Rita Salas. Tercero: Por cuanto los hijos de los solicitantes son mayores de edad, este Tribunal no dicta providencia al respecto. Cuarto: Liquídense los bienes si los hubiere. Quinto: Una vez que quede firme la presente decis.....

Este Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Juicio No.01 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: APRUEBA EL ACUERDO REPARATORIO celebrado por el ciudadano acusado RENE MIGUEL GUEVARA OCHOA, y RICHARD ORLANDO ALTUVE BARRIOS, de conformidad con el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal; no se establece un plazo, ya que fue cumplido totalmente por el mismo, tal y como se evidenció en la audiencia de fecha 04-03-2013. En consecuencia, SE EXTINGUE LA ACCION PENAL, conforme al artículo 49 numeral 6 del Código Orgánico Procesal Penal, y se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, conforme al artículo 300 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, a favor del ciudadano RENE MIGUEL GUEVARA OCHOA, y RICHARD ORLANDO ALTUVE BARRIOS, por la comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453, numerales 4° y 5° del Código Penal vigente, en perj.....

DISPOSITIVA: Luego de las intervenciones de las partes y vistas las exposiciones hechas y observándose que no hubo un acuerdo entre las partes y de concordancia con el articulo 107 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, comienza el lapso para la contestación de la demanda y continua el presente juicio de conformidad al procedimiento establecido por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Es todo, se leyó y estando conformes firman siendo las (11:30 a.m). Y ASI SE DECIDE. LA JUEZA TITULAR ABG. IRIA BRACHO DE SUÁR APODERADO JUDICIAL (DEMANDANTE): ABG. MANUEL ISIDRO MOLINA ALARCÓN DEMANDADO ABOGADA ASISTENTE (DEMANDADO): JOSÉ LUIS CORZO FLOREZ ABG. ISABEL TERESA RANGEL ROJAS .....

DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA, incoada por los ciudadanos HUMBERTO RUIZ CALDERÓN y NELLY MARGARITA VELÁSQUEZ DE RUIZ, venezolanos, cónyuges entre sí, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V- 3.038.246 y V- 4.083.669, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Mérida estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábiles, debidamente representados por los Abogados en ejercicio PEDRO GUILLERMO ALBERTINI BERMÚDEZ y HUGO JOSÉ OCANDO TUVIÑEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V- 5.533.210 y V- 10.451.719, respectivamente, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 41.307 y 141.460, en su orden, domiciliados en la ciudad de Mérida, estado Bolivariano de Mérida y jurídicamente hábiles, contra el ciudadano LEONARDO GUILLERMO RIVERO TORRES, venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 12.353.413, domiciliado en la ciudad de Valencia estado Carabobo y civilmente hábil, debidamente representado .....

DISPOSITIVO Este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, sede El Vigía, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: Primero: El Desistimiento del Proceso en aplicación al criterio establecido por el máximo Tribunal de la República. Segundo: No se condena en costas a la parte demandante.

En consecuencia, vista la alegada irregularidad en la tramitación del procedimiento, este Tribunal en aras de garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada, declara: PRIMERO: La nulidad de las actuaciones posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley procesal, es decir, la nulidad de las actuaciones posteriores al 23 de mayo de 2014, y la subsiguiente reposición del curso de la causa, conforme a lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, al estado de adecuar el presente procedimiento a los trámites establecidos para el procedimiento oral, previsto en el artículo 864 y siguientes del citado Código, conforme a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. SEGUNDO: Se insta a la parte demandante, para que dentro de los tres (3) días de despacho siguientes al de hoy, conforme al artículo 10 del Código de Procedimiento Civil; consigne o acompañe, toda la p.....

Consecuentemente, en razón de la terminación o cese de la posesión del inmueble destinado a vivienda por parte de la aquí arrendataria, se ordena notificar a la demandada de autos, ciudadana MARISOL URIBE FERNÁNDEZ, a los fines que, previo al vencimiento del lapso aquí indicado, informe a este Tribunal si dispone de vivienda para su persona y grupo familiar, de lo contrario se dispondrá conforme a lo establecido el Ordinal 2º del Artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas. DADO, SELLADO Y FIRMADO EN LA SALA DE DESPACHO DE ESTE TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. En la ciudad de Mérida, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014). Año 204º de La Independencia y 155º de La Federación. LA JUEZ ABG. MARÍA ELCIRA MARÍN OSORIO .....

En meritos de los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación sentencia interpuesto por el Abogado Oscar Marino Ardila Zambrano, actuando con el carácter de Defensor Técnico Privado de los ciudadanos GERARDO ERNIQUE DE ABREU y WILMER PEÑUELA DE ABREU, en contra de la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, publicada en fecha veintidós de Enero del dos mil catorce. SEGUNDO: ANULA el fallo apelado; y vista la nulidad dictada, se ORDENA celebrar nuevamente el juicio oral y público en la presente causa, por ante otro Juez en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal distinto al que pronunció el fallo apelado, prescindiend.....

Se declaró INADMISIBLE la apelación interpuesta el 6 de agosto de 2014, por el ciudadano TULIO JOSÉ RUÍZ OVALLES, parte demandada en la presente, debidamente asistido por la profesional del derecho JASMIN AURORA DÍAZ GUTIÉRREZ, contra la sentencia dictada en fecha 5 del citado mes y año, proferida por el Juzgado de la causa. En virtud de la decisión anterior, este Tribunal declaró que en este fallo NO HABÍA LUGAR a pronunciamiento alguno respecto de la cuestión incidental objeto del recurso de apelación interpuesto.

SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano WILMER ALEXIS QUINTERO, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.954.168, por medio de su apoderada judicial abogada IRIS ESPINOZA PINEDA, titular de la cédula de identidad Nº V- 8.044.959, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 53.049, contra el Decreto Nº 191, de fecha 22 de junio del año 2009, publicado en Gaceta Oficial del Estado Mérida, Nº Extraordinario, Año MMIX/ Mes VI, emanado por el GOBERNADOR DEL ESTADO MÉRIDA Y DIRECTOR DE LA POLICÍA DEL ESTADO MÉRIDA. En consecuencia, queda FIRME el acto administrativo impugnado.