JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, cuatro de agosto de dos mil ocho 198° y 149° Recibida por distribución la presente demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por los ciudadanos CARLOS ALFREDO JÁCOME SÁNCHEZ y MARIELA DE LA ROSA DE JÁCOME, venezolanos, mayores de edad, comerciantes, titulares de las cédulas de identidad números V-3.658.379 y V-5.606.388, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Mérida Estado Mérida y civilmente hábiles, debidamente asistidos por los abogados en ejercicio SANTIAGO ALEXANDER MORALES y OMAR ELIECER ÁVILA SALAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-8.038.864 y V-15.295.244, en su orden, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 74.489 y 127.203, respectivamente y jurídicamente hábiles, en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL INMUEBLES Y REPRESENTACIONES C.A.....

Decisión El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad la Ley, decide: 1) El penado EULISES GARAY PÉREZ (antes identificado) hasta la presente fecha (inclusive); faltándole por cumplir una pena igual a un (01) años, siete (07) meses, diecisiete (17) días y doce (12) horas de prisión, que se cumple el día 23 de marzo de 2010, a las 12:00 del mediodía. 2) El ciudadano EULISES GARAY PÉREZ (antes identificado) opta en la actualidad a la medida de libertad condicional, conforme al artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes, remítase copia certificada de la presente decisión al Centro de Tratamiento Comunitario "Dr. Juan Tovar Guédez" con sede en El Valle, Estado Táchira, Cúmplase. EL JUEZ SEGUNDO DE EJECUCIÓN ABG. JOSÉ GREGORIO VILORIA OCHOA LA SECRETARIA, ABG. CLAUDY DÁVILA En fecha .....

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, cuatro de agosto de dos mil ocho 198° y 149° Recibida por distribución la presente demanda de COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN, interpuesta por el ciudadano RUBÉN DARIO RIVAS MÉNDEZ, venezolano, mayor de edad, casado, Licenciado en Educación, titular de la cédula de identidad número V-7.926.963, domiciliado en La Hacienda Zumba, Calle Nº 1, Casa Nº 12 de la ciudad de Ejido Estado Mérida y civilmente hábil, debidamente asistido por los abogados en ejercicio GUSTAVO ALFONSO CERRADA ALBARRÁN y GUSTAVO OLINTO DÁVILA QUINTERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-12.350.324 y V-13.524.675, en su orden, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 96.982 y 96.985, respectivamente y jurídicamente hábiles, en contra de la ciudadana DULCE GUDELIA BELANDRIA DE MORÓN, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la.....

PARTE DISPOSITIVA En mérito a las consideraciones que anteceden, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: Notifíquese a la parte actora, haciéndole saber que el lapso para que interpongan el recurso que considere pertinente, contra la presente decisión comenzará a correr una vez que conste en autos su notificación. Líbrese la correspondiente boleta y entréguense al Alguacil de este Tribunal para que la haga efectiva. TERCERO: Se exime de costas a la parte actora por la naturaleza del fallo. NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA. DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCI.....

En atención a las consideraciones ya expuestas, este JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 ejusdem. Se le hace saber a la parte actora, que la declaratoria de perención de la instancia conlleva inexorablemente la consecuencia establecida en el artículo 271 de la Norma Adjetiva Civil, esto es, la prohibición de intentar nuevamente la acción hasta que hayan transcurrido noventa (90) días continuos, contados a partir del momento en que quede definitivamente firme la presente decisión. Consecuentemente, por cuanto no puede existir una medida preventiva de secuestro sin proceso pendiente, en razón de la instrumentalidad del Derec.....

"...En este orden de ideas este jurisdicente considera que lo alegado por la parte demandada en el sentido de exponer la forma, condiciones y plazos mediante el cual daría cumplimiento al dispositivo de la sentencia proferida en este Tribunal en fecha 28 de mayo de 2008, y tomando en consideración lo planteado en ese aspecto por la parte actora mal pudiera este Tribunal proceder conforme lo alega, invoca y solicita la parte demandada, pues tratándose de una sentencia definitivamente firme, no corresponde a la parte demandada establecer las condiciones y plazos para cumplir con dicho dispositivo, aunado a ello considera este Tribunal que debe tomarse en cuenta que la parte actora según diligencia de fecha 19 de junio de 2008 se opuso a los planteamientos de la parte demandada; pues caso contrario sería vulnerar la Tutela Jurídica Efectiva a la parte actora y a la vez modificar la parte dispositiva del fallo, por lo tanto, forzoso es para este Tribunal negar por improcedente lo solicita.....

Decisión Por los anteriores razonamientos este Tribunal de Control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la presente causa iniciada por la comisión del delito de DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, de conformidad con el numeral 1º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. Notifíquese a las partes sobre el contenido de la presente decisión. Certifíquese por secretaría copia de este auto. Cúmplase. LA JUEZ DE CONTROL Nº 04 ABG. IRLANDA ELIZABETH QUINTERO LA SECRETARIA, En fecha _______________ se libró boletas de notificación Nros: _______________ ____________________________________________________________________. Sria. IC.-

Por las razones expresadas esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por el ciudadano RAFAEL ORLANDO BORRERO MEJIA, asistido legalmente por el abogado Segundo Olivar Delfín, en contra de la decisión del Tribunal en Funciones de Control No 03, que en fecha 11 de abril de 2008, le negó la entrega del vehículo señalado con las siguientes características: MARCA: TOYOTA; CLASE: RUSTICO; MODELO: LAND CRUISER; TIPO: TECHO DURO; AÑO: 1980; COLOR: AZUL; USO: PARTICULAR; PLACAS: EAS-31T; SERIAL DE CARROCERIA: F40919965; SERIAL DE MOTOR: 2F285855. LOS JUECES DE LA CORTE DE APELACIONES DR. ERNESTO CASTILLO PRESIDENTE DRA. ADA CAICEDO PONENTE DR. DAVID CESTARI JUEZ TITULAR DE LA CORTE LA SECRETARIA ABG. ASHNERIS OSORIO

Se dieron por recibidas por inhibición, actuaciones procedentes del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, formándose el expediente, dándosele entrada bajo el N° 03120 y el curso de ley.

CONCEDE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL SOLICITADA, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 269 del Código Civil en concordancia con el Artículo 177, Parágrafo cuarto, literal "e" de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. "Se deja a salvo los derechos de terceros". Es de hacer notar que en la expresión "Cualquier otro beneficio quedan incluidos cualquier beneficio que les puedan corresponder a los prenombrados niños por ante dicha Institución.