HOMOLOGA en todas y cada una de sus partes el siguiente acuerdo suscrito entre los ciudadanos JAVIER DE JESUS SANCHEZ GARCIA y MARIA DE LOS ANGELES RIVERA CASTELLANO

D I S P O S I T I V A Por las razones anteriormente expuesta este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida sede alterna El Vigía , administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la ciudad de El Vigía, a los siete (07) día del mes de Diciembre de Dos Mil Diez. Publíquese, regístrese y déjese para su archivo, copia fotostática certificada de la presente decisión de conformidad con el articulo 248 del Código de Procedimiento Civil, en consonancia con el articulo 112 ejusdem, debiéndose insertar al pie de la misma, el contenido del presente decreto. La Juez, Abg. Reina Rondón G.....

En razón de lo anterior, este Tribunal ORDENA a la parte demandante conformada por los ciudadanos Pablo Armando Ramírez Rosales, Carlos Enrique Ramírez Rosales, María Virginia Ramírez Rosales y Mary Isabel Márquez Noguera en representación de su hijo Marcos Ángel Ramírez Márquez, contestar en el día siguiente a la notificación del último de los demandantes, a lo expuesto por el codemandado José Iván Pernia Contreras y cumplido dicho término el Tribunal resolverá lo que considere justo. En caso de que haya necesidad de esclarecer algún hecho se abrirá una articulación por ocho (8) días de despacho sin término de distancia. Si la resolución de esta incidencia debiere influir en la decisión de la causa, el Tribunal resolverá la articulación en la sentencia definitiva, pero si no influye en ella, se decidirá al noveno (9º) día.

El Tribunal, conforme con lo establecido en el artículo 479 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, y artículo 105 del Código Penal, declarar la extinción de la responsabilidad criminal por cumplimiento de pena, a favor del penado ISIDRO DE LA CRUZ ALARCÓN RAMÍREZ, sentenciado a cumplir la pena de TRES (03) MESES DE PRISIÓN, más las accesorias de Ley, previstas en el artículo 16 del Código Penal Venezolano, por la comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el articulo 409 del Código Penal, en concordancia con el artículo 190 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, cometido en perjuicio de su hermana, la hoy occisa GREGORIA ELENA ALARCÓN RAMÍREZ.

Declara el DESISTIMIENTO del presente procedimiento y terminado el proceso, pero el o la demandante podrá volver a presentar su solicitud luego de haber trascurrido un mes.

Promovida oportunamente referida prueba documental, esta Alzada niega su admisión, en virtud de que a tenor de lo previsto en el citado artículo 520 adjetivo, los documentos autenticados no son medios de pruebas admisibles en segunda instancia, pues no se subsumen en la definición que al respecto establecen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que, en tanto los instrumentos públicos hacen plena fe entre las partes suscribientes como frente a terceros, los documentos autenticados solo producen efectos entre las partes que lo suscriben, los cuales constituyen medios de prueba admisibles en la primera instancia. Así se decide. No obstante, se advierte al promovente, que esta Superioridad está en la obligación de analizar y valorar en la sentencia, todas las actas procesales insertas al expediente así como los documentos promovidos en la instancia inferior, si lo considera necesario y pertinente para la resolución de la controversia o asunto sometido por vía de apelación a.....

Decisión En virtud de lo antes expresado este Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley decide: PRIMERO: En atención a la experticia Química Nº 9700-067-2902, en la cual se evidencia la adicción del imputado de autos, es por lo que este Tribunal acuerda Medida de Seguridad, consistente en cura y desintoxicación, ante la Fundación José Félix Ribas, por el lapso de seis (06) meses, al ciudadano Jefferson Samuel Calderón, supra identificado, de conformidad con el artículo 130 y siguientes de la Ley Orgánica de Drogas. Ofíciese lo conducente al instituto antes señalado, remitiendo copia certificada de la presente acta y de la decisión fundamentada. SEGUNDO: Se acuerda la libertad del imputado de autos Jefferson Samuel Calderón, supra identificado, desde esta sala de audiencia. Líbrese la correspondiente boleta. TERCERO: Remítase la presente.....

este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL N° 07 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA EXTENSIÓN EL VIGÍA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, De conformidad con el primer aparte del artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, NIEGA LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, a favor de ABRAHAN ANTONIO MILANO, de nacionalidad venezolana, soltero, carpintero, titular de la cédula de identidad N° 2.730.193, domiciliado en el Barrio El carmen, calle 1 con Avenida 12, casa N° 15, El Vigía Estado Mérida y/o en la Zona Industrial de el Vigía, Carpintería San Antonio, Estado Mérida, por la presunta comisión del delito de BIGAMIA, previsto y sancionado en el artículo 402 del Código Penal derogado, en perjuicio de las ciudadanas: ALICIA LOPEZ OROZCO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.348.371, domiciliada en el Barrio El carmen, calle 1 con Avenida 12, casa N° 15, E.....

Por las razones antes expuestas, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA EXTENSIÓN EL VIGÍA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite el siguiente pronunciamiento: DECLARA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra de FELICIANO ANTONIO VIELMA ARAUJO, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.651.571, casado, técnico agropecuario; domiciliado en la población de Arapuey, Municipio Julio Cesar Salas del Estado Mérida, por la presunta comisión de los delitos de VENTAJA ECONOMICA COMO CONSECUENCIA DE DECLARACIONES FALSAS ACERCA DE EJECUCIÓN DE EDIFICACIONES U OTRAS CONTRATADOS POR ORGANISMOS PUBLICOS y MALVERSACIÓN DE FONDOS, previstos y sancionados en los artículos 71, ordinal 3º y 60 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, vigente para la fecha en que se cometió el hecho, en perjuicio del: ESTADO VENEZ.....

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas este Juzgado de Primera Instancia Penal en funciones de Control Nº 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. Extensión El Vigía. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. PRIMERO: DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, instruida en contra de PERSONA POR IDENTIFICAR; por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 455 ordinal 4° del Código Penal hoy reformado; en perjuicio de RAFAEL SOTO PEÑÁ. Se fundamenta la presente decisión en los artículos 108 numeral 3 del Código Penal, artículo 48 numeral 8 y artículo 318 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes. LA JUEZ DE CONTROL N° 03 ABG. MERCEDES LA TORRE VILORIA