DECISIÓN Por todas las consideraciones que anteceden, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución y sus Leyes, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda de Tercería interpuesta por los ciudadanos JOSE REYES SANCHEZ ALBORNOZ y MARIA SÁNCHEZ ALBORNOZ, a través de sus apoderados judiciales abogados JOSE ANGEL ZAMBRANO LOBO, ELDA YANETH NIETO RANGEL e HILDA QUINTERO MORENO, todos identificados en este fallo. Y ASÍ SE DECIDE. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte demandante por haber resultado vencida en su totalidad y de acuerdo al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Por cuanto la presente decisión se pública fuera del lapso legal, de conformidad con el artículo 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil se ordena notificar a las partes de la presente decisión. Y ASI SE DECIDE. COMUNÍQUES.....

HOMOLOGACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL EJERCICIO DE LA CUSTODIA

Por las razones antes expuestas este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO N° 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MERIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, declara sin lugar la solicitud de revisión de medida de privación judicial preventiva de libertad, interpuesta por la abogada YADIRA UREÑA CHACON, defensora pública del acusado: EDIXON BRAVO CARQUEZ, en virtud de que no han variado los supuestos que dieron lugar a la imposición de la misma, por parte del Juez de control N° 03 de este Circuito Judicial Penal. Notifíquese a las partes del contenido de este auto. CUMPLASE. LA JUEZ TEMPORAL DE JUICIO Nº 03 ABG. VILMA MARIA TOMMASI ESCALONA LA SECRETARIA ABG. DULCE MARIA MANRIQUE PORRAS En la misma fecha se cumplió con lo ordenado en el auto que antecede, se libraron boletas de notificación Nrs. ______________.....

El Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Único: Declara improcedente la solicitud de cambio de medida privativa de libertad, por decaimiento, presentada por el abogado ARMANDO DE LA ROTTA. El fundamento legal de la presente decisión se encuentra en los Artículos 2, 26 y 250, 257 Constitucional; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese al Fiscal del Ministerio Público y Defensa. Cúmplase. LA JUEZA DE CONTROL N° 1, ABG. Alida Morella Torcatti Berroterán. LS SECRETARIA, ABG. Yurimar Rodríguez.

Por lo antes expuesto este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICAL DEL ESTADO MÉRIDA, con sede en esta ciudad de Tovar, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la rectificación del Acta de Matrimonio de los ciudadanos JESÚS OMAR ORTEGA DURÁN y IBEL TERESITA VELASCO OROZCO y se establece que el nombre y apellido de la contrayente IBEL TERESITA VELASCO OROZCO. Queda así rectificada. A tales efectos, expídase por la secretaría de este Tribunal, copia fotostática certificada de la presente sentencia y junto con oficio se acuerda remitir a los organismos competentes, a los fines de que se estampen las notas marginales correspondientes. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del Código Civil y en concordancia con el artículo 774 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.-

Por todos los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, niega el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena al cual optaba el penado Francisco Javier Castillo Escalante, quien es de nacionalidad venezolana, 31 años de edad, soltero, obrero, titular de la cédula de identidad 14.267.010, ello por no reunir todos los requisitos exigidos por la Ley para su otorgamiento, ya que el informe técnico psicosocial que se le practicó arrojó un pronóstico desfavorable y no presentó en un tiempo prudencial la respectiva oferta de trabajo, de conformidad con los artículos 479, numeral 1°, 482, Último Aparte y 493, Encabezamiento y numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal.

HOMOLOGA EL CONVENIMIENTO suscrito por los ciudadanos.

HOMOLOGA EL CONVENIMIENTO DE FIJACION DE REGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR suscrito por las ciudadanas.

3°. Decisión: Con base en las anteriores consideraciones, este Tribunal de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad que le confiere la Ley: 3.1. Declara como flagrante la aprehensión del imputado Wilmer Olinto Toro Barrios, conforme al artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, en la comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto en el artículo 277 del Código Penal. 3.2. Decreta medida cautelar sustitutiva conforme al artículo 256, numeral 3°, del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, el imputado deberá presentarse por ante la Oficina del Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, cada treinta (30) días. 3.3. Se ordena la aplicación del procedimiento abreviado conforme al artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, diarícese y regístrese. Remítase al Tribunal Unipersonal de Juicio en su debida oport.....

DISPOSITIVA Por todo las razones que anteceden y a fin de garantizar la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 constitucional, este Tribunal Accidental de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Sección Adolescente, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, hace el siguiente pronunciamiento: UNICO: Acuerda con lugar el pedimento de la representante del Ministerio Público, al cual se adhirió la Defensa Pública, por cuanto de la revisión de las actuaciones, se observa que evidentemente no consta el auto de fundamentación de los pronunciamientos hechos por el Tribunal en el acto de fecha 09/04/2007, tal como lo prevé el artículo 173 del Código Orgánco Procesal Penal; aunado al hecho de que en dicho acto no se cumplió con la formas y condiciones previstas en los artículos 40 (parte in fine) y artículo 376 del Código Orgánico Pro.....