En atención de lo expuesto éste Juzgado de Primera Instancia en lo Penal del Estado Mérida Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley acuerda procedente la solicitud incoada por la defensa pública del ciudadano Francisco Rojas Peña, a la cual se adhirió la fiscalía, y en consecuencia ordena sustituir la privación judicial preventiva de libertad que pesaba sobre el mencionado imputado por una medida de coerción personal menos gravosa, en éste caso las indicadas supra. Por consiguiente se emitió al momento de lo decidido la respectiva boleta de libertad dirigida al Centro Penitenciario de la Región Andina. Cúmplase. EL JUEZ DE CONTROL No 01 ABG. NELSON JOSÉ TORREALBA ÁNGEL EL SECRETARIO

Este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, constituido como Tribunal Unipersonal, representado por el JUEZ RAFAEL RAMON RONDON GRATEROL, en aras de la plena observancia de lo dispuesto en el articulo 334 de nuestra Carta Magna, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, HACE LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS; PRIMERO: Este Tribunal unipersonal, de las pruebas valoradas en el presente juicio oral y público, declara la inocencia y por ende la inculpabilidad del acusado de autos, al no demostrarse la acción del ciudadano JUAN CARLOS PARRA MARQUEZ, en los hechos, que fueron calificados por el Ministerio Público, como el delito de LESIONES CULPOSAS MENOS GRAVES, en perjuicio del adolescente Y.A.F. (IDENTIDAD OMITIDA). SEGUNDO: Este Tribunal Unipersonal, no determinó la culpabilidad del acusado de las pruebas recepcionadas en el presente juicio, por lo que DICTA SENTE.....

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda que por PRESTACIONES SOCIALES, interpuso el ciudadano: ULFRA JOSE VEGA BELEÑO, venezolano, mayor de edad, Cédula de Identidad N°V- 23.304.074, contra el ciudadano: ALFREDO MORA, en su condición de representante legal de la HACIENDA EL MORICHAL. Condenandose esta ultima al pago de DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 2.910,81) por los conceptos antes señalados. Así se establece Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la ciudad de El Vigía, a los once (11).....

ORDENA LA APERTURA A JUICIO ORAL y PÚBLICO al acusado JOSE ANTONIO RANGEL PEREIRA, antes identificado, por el delito de VIOLENCIA FÍSICA, previstos y sancionados en el artículos 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana VICTORIA GONZALEZ CONTRERAS, hecho cometido endecha 10-06-2008, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar antes expuestos. Se emplaza a las Partes para que en plazo común de cinco (05) días concurran ante el Juez de Juicio que corresponda conocer, Conforme al artículo 330 numeral 2 y 9, y 331 del Código Orgánico Procesal Penal. QUINTO: De conformidad con el artículo 175 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, quedan las partes presentes formal y legalmente notificadas de la decisión tomada por este Tribunal. Lo decidido en esta audiencia. SEXTO: Se fundamenta la presente decisión según los artículos mencionados a lo largo del presente auto funda(...)

Este Tribunal con arreglo al Artículo 6 de la Resolución N° 1.680 de fecha 16 de marzo de 1999 y emanada del extinto Consejo de la Judicatura AUTORIZA, a los ciudadanos LUIS ALBERTO CERRADA SALAS y ELIZABETH RIVAS PARRA, venezolanos, abogados, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 3.034.892 y 8.027.288, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 20.230 y 43.778, respectivamente, domiciliados en Mérida Estado Mérida y civilmente hábil, para que retiren de la cuenta de ahorros Nº 0007-0040-11-0010325657 la cantidad allí depositada y a su vez se sirva proceder al cierre y cancelación de la referida cuenta de Ahorro. Ofíciese. EL JUEZ TITULAR, ALBIO CONTRERAS ZAMBRANO LA SECRETARIA TITULAR, SULAY QUINTERO QUINTERO En la misma fecha se ofició a Banfoandes, bajo el Nº 594-2.009. Conste, LA SECRETARIA TITULAR, SULAY QUINTERO QUINTERO ACZ/SQQ/lvpr.-

DISPOSITIVA: Este Juzgado en cumplimiento de la comisión conferida por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la circunscripción judicial del Estado Mérida, se trasladó y constituyó previa solicitud de la parte actora en el inmueble indicado en la comisión y de conformidad con lo ordenado decretó el secuestro del inmiueble e hizo entrega del mismo a su propietario ciudadano Mario José Dávila, libre de personas y cosas. CONCLUSIÓN: La referida comisión es devuelta cumplida al Juzgado de la causa.

JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNCIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA. Mérida, Once de Junio de Dos Mil Nueve. 199º y 150º Por recibida la anterior demanda junto con sus recaudos acompañados, es por lo que se ordena formar expediente, darle entrada y el curso de Ley correspondiente. En consecuencia, vista la demanda propuesta por el ciudadano OSCAR ISMAEL EL BONNEY WEJBE, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 11.839.834, a través de su apoderado Judicial, abogado MIGUEL ANTONIO CARDENAS, venezolano, Titular de la Cédula de Identidad Nro. 4.965.578, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.36.601, de este domicilio y hábil. CONTRA: JUAN REINALDO SANCHEZ Y MARIA LAURA DUGARTE DE SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, casados, Titulares de las Cédulas de Identidad Nro. 23.212.727 y 13.524.067, de este domicilio y hábiles, por DESALOJO. Es por lo que se ADMITE CUANTO HA LUGAR EN.....

L A D I S P O S I T I V A Por fuerza de todos los razonamientos de hechos y de Derecho que han sido en forma pormenorizada y reseñados en la parte motiva del presente dictamen; este TRIBUNAL PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: Primero: SIN LUGAR la acción incoada por DESALOJO; por la ciudadana Gladys Maria Torres de Osorio, a través de su coapoderado judicial abogado Jairo Venancio Rangel Muñoz; contra la ciudadana Maria Eudora Avendaño de Mendoza; por falsa aplicación al fundamentar la demanda por DESALOJO cuando lo correcto la RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. Segundo: Por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas, porque no se dicta sentencia que dirime el conflicto de fondo de la controversia planteada sino, que resuelve el punto previo solicitado por la errónea fu.....

JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA. Mérida, Once de Junio de Dos Mil Nueve. 199º y 150º Por recibido el anterior libelo de la demanda junto con los recaudos acompañados, es por lo que acuerda darle entrada, formar expediente y el curso de Ley correspondiente. En consecuencia, Visto el libelo de la demanda presentado por el ciudadano MARIA ADELA GUERRERO QUINTERO, venezolana, mayor de edad, divorciada, docente, Titular de la Cédula de identidad Nro. 3.037.906, debidamente asistido por las abogadas MAGALLIS CANO DE VILORIA y MARIA DE LOS ANGELES VALDIVIET DE JULIAC, Titulares de las cédulas de identidad Nros. 9.167.295 y 5.701.797, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 82.858 y 88.131, respectivamente, de este domicilio y hábiles, contra LEONARDO DE JESUS VEGA GUERRERO, quien es venezolano, mayor de edad, casado, docente, Titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.039.844, de este domicilio y h.....

PRIMERO: homologar, como en efecto así será lo decidido la transacción celebrada entre las partes, de conformidad con lo previsto en el Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 1.718 del Código Civil, y por cuanto las partes tienen suficiente capacidad para disponer de lo comprendido en la transacción conforme a lo previsto en el Artículo 1.714 del Código Civil, y habida consideración que de acuerdo con el Articulo 255 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 1.718 del Código Sustantivo, la transacción tiene entre las partes la misma fuerza de la cosa juzgada, y en razón de que la transacción no está fundada en documentos falsos en los términos del Artículo 1.721 del texto legal sustantivo y. señalado, ni se puede producir nulidad en orden a lo previsto en el Artículo 1.147 del Código Civil, ya que no existe error de derecho en la referida transacción, debiendo destacar que según el Artículo 1.666 eiusdem, los co.....