Se dictó sentencia y conforme a lo establecido en los artículos 70.2 y 71.2 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se le impone al ciudadano Jesús Alexander González Paredes, ampliamente identificado, una medida de seguridad por un (1) año, consistente en la cura o desintoxicación por ante la Fundación José Félix Rivas, o cualquier otro instituto público o privado que designe por ese lapso, el correspondiente Juez de Ejecución que se encargue de ejecutar la presente sentencia. Cesan las medidas cautelares impuestas al acusado ya identificado

Se dictó auto y a tenor de lo dispuesto en los artículos 17, 335 y 337 del Código Orgánico Procesal Penal, se declaró interrumpido el debate seguido al ciudadano imputado Willi Matheus Peña Pérez, por no haberse reanudado a más tardar al undécimo día siguiente a la última suspensión, debido a la incomparecencia de la Fiscal Decimosexta del Ministerio Público del Estado Mérida, a la audiencia de juicio oral y público pautada para el día 17 de agosto de 2006, ya que la misma presentó quebrantos de salud. En consecuencia, por cuanto se fijó mediante acta (folios 220 al 221) el juicio oral y público para el día 27 de septiembre de 2006, a las dos (2:00) de la tarde, se acuerda notificar a la Fiscal Decimosexta del Ministerio Público, ya que el resto de las partes quedaron debidamente notificadas.

Conforme al artículo 62 del Código Penal, se le impone al ciudadano Daniel Eduardo Peña Altuve, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 21.183.300, natural de Mérida, nacido en fecha 21/02/1988, una medida de seguridad por dos (2) años, consistente en la custodia del mismo por sus padres, ciudadanos Otilma Altuve Carrero y Omar de Jesús Peña Carrero, quienes se comprometieron con el Tribunal en atenderlo en todas sus necesidades y de garantizar el tratamiento psiquiátrico que el mismo requiere, en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de los Andes, y deberán informar oportunamente al Juez de Ejecución, sobre la evolución psiquiátrica del ciudadano Daniel Eduardo Peña Altuve, con la presentación de los respectivos informes que expida la referida Unidad de Psiquiatría. Se acuerda oficiar al Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, a los fines de destruir el arma blanca incautada en el procedimiento.

Se declaró inadmisible la solicitud presentada por el abogado Jesús Morón Moreno, de ejecutar la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad a favor del acusado Gerardo Alfonso Lobo, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en el cuaderno de apelación N° LP01-R-2004-382, de fecha 7 de abril de 2005, por no tener cualidad de defensor privado del acusado, ya que no manifestó la aceptación a su designación, ni prestó el juramento de Ley, a pesar de estar debidamente notificado, conforme al artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal. No obstante, este Tribunal revisó de oficio la situación denunciada, y consideró que dicha medida cautelar es imposible de ejecutar, ya que el acusado Gerardo Alfonso Lobo, fue condenado en fecha 18 de marzo de 2005, a cumplir la pena de dieciocho (18) años de prisión, por la comisión del delito de Ocultamiento Agravado de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Conforme al artículo 318.2 del Código Orgánico Procesal Penal, se sobresee la presente causa seguida al ciudadano Neptaly Rojas Peña, titular de la cédula de identidad N° 10.108.239, por la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por cuanto los hechos constitutivos de la presente causa no son punibles, puesto que quedó acreditado que la droga decomisada al referido ciudadano, estaba destinada a su consumo personal. Conforme a lo establecido en los artículos 70.2 y 71.2 de la Ley Especial comentada, se impone al ciudadano Neptaly Rojas Peña, una medida de seguridad por un (1) año, consistente en la cura o desintoxicación por ante la Fundación José Félix Rivas, o cualquier otro instituto público o privado que designe el Tribunal de Ejecución.

Se dictó sentencia absolutoria, conforme a lo establecido en los artículos 364 y 366 del Código Orgánico Procesal Penal, en favor del acusado Evert Yordan Rojas Mora, venezolano, mayor de edad, nacido en Mérida en fecha 25-06-86, de 19 años de edad, titular de la cédula de Identidad N° 18.308.861, de la acusación presentada por el Fiscal Segundo del Ministerio Público del Estado Mérida, quien lo acusó de ser autor del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previstos en el artículo 277 del Código Penal. Asimismo, se ordenó confiscar el arma de fuego, conforme al artículo 33 del Código Penal, y ponerla a la orden del DARFA.

Se dictó auto y a tenor de lo dispuesto en los artículos 17, 335 y 337 del Código Orgánico Procesal Penal, se declaro interrumpido el debate seguido al ciudadano imputado Carlos Javier Araque, por no haberse reanudado a más tardar al undécimo día siguiente a la última suspensión, debido a la incomparecencia de la Fiscal Decimosexta del Ministerio Público del Estado Mérida, a la audiencia de juicio oral y público pautada para el día 16 de agosto de 2006, ya que la misma presentó quebrantos de salud. En consecuencia, se procederá a fijar nuevamente el juicio oral y público, por auto separado.

Se dictó auto y a tenor de lo dispuesto en los artículos 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 8, 9, 256.3 y 264, todos del Código Orgánico Procesal Penal, se sustituyó la medida de privación judicial preventiva de libertad, decretada en contra del imputado Willi Matheus Peña Pérez, titular de la cédula de identidad N° 17.894.336, por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, consistente en las presentaciones cada ocho (8) días por ante la Oficina del Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.