DECLARA: Con lugar el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana NATHALY VARELA PEREZ progenitora de la ciudadana niña OMITIR NOMBRE, contra la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, de fecha 21 de Noviembre de 2012.

"...este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana y por Autoridad de la Ley, declara SE DECLARA INCOMPETENTE POR TERRITORIO, para conocer del presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil y DECLARA COMPETENTE, para conocer de la presente acción al JUZGADO (DISTRIBUIDOR) DE LOS MUNICIPIOS ALBERTO ADRIANI Y CARACIOLO PARRA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, con sede en el Vigia , en virtud de las razones expuestas, y en consecuencia DECLINA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, al mencionado Tribunal que le corresponda conocer por distribución..."

Este Tribunal, vista la transacción celebrada en el presente acto, acuerda de conformidad y en consecuencia, se abstiene de practicar la presente medida y acuerda remitir las presentes actuaciones al Tribunal de la causa.

Se declaró la NULIDAD de la providencia del 23 de enero de 2013 proferida por este Tribunal y de todas las actuaciones subsiguientes cumplidas en esta Alzada y decretó LA REPOSICIÓN de la causa al estado en que se encontraba para el 18 de enero de 2013.

Este Tribunal en vista que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de la trabajadora, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada.

Por consecuencia, tomando en consideración lo anteriormente expuesto este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01 del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: Primero: Se admite la acusación presentada por la Fiscalía Décimo Octava del Ministerio Público contra el adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), por la presunta comisión del delito de Robo Agravado como autor, previsto en el articulo 458 del Código Penal, cometido en perjuicio de la adolescente (IDENTIDAD OMITIDA) y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto en el articulo 277 del Código Penal, en concordancia con los artículos 9 de la Ley sobre Armas y Explosivos y 16 del Reglamento de la Ley sobre Armas y Explosivos, el perjuicio de El Orden Público, todo ello, en base a los hechos acaecidos en fechas 30-01-2013 y expuestos por e.....

Por consecuencia, tomando en consideración lo anteriormente expuesto este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01 del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: Primero: Se admite la acusación presentada por la Fiscalía Décimo Octava del Ministerio Público contra el adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), por la presunta comisión del delito de Robo Agravado como autor, previsto en el articulo 458 del Código Penal, cometido en perjuicio de la adolescente (IDENTIDAD OMITIDA) y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto en el articulo 277 del Código Penal, en concordancia con los artículos 9 de la Ley sobre Armas y Explosivos y 16 del Reglamento de la Ley sobre Armas y Explosivos, el perjuicio de El Orden Público, todo ello, en base a los hechos acaecidos en fechas 30-01-2013 y expuestos por e.....

niega la medida de secuestro solicitada por el abogado ROSAURO JOSE SILVA FIGUEROA, en su carácter de coapoderado judicial de la parte actora, BANCO DE VENEZUELA, S. A., BANCO UNIVERSAL, puesto que el crédito otorgado a la compañía Agrícola LA NONA IXL C. A., fue acordado de acuerdo con los requisitos exigidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Crédito para el sector Agrario, lo que hace deducir a quien sentencia que los vehículos objeto de la garantía hipotecaria mueble tiene como finalidad servir de vehículo de carga de insumos agrícolas y transporte de los rubros, constituyendo un elemento imprescindible del ciclo agroproductivo. En tal sentido en caso de ser decretada dicha medida tendría como consecuencia la exclusión de ese bien mueble de los medios de comercialización y movilización de la producción agroalimentaria poniéndo en riesgo el ciclo agroproductivo y puesto que todo Juez Agrario tiene el deber de velar que se garantice una justa disponibilidad sufici.....

niega la medida de secuestro solicitada por el abogado ROSAURO JOSE SILVA FIGUEROA, en su carácter de coapoderado judicial de la parte actora, BANCO DE VENEZUELA, S. A., BANCO UNIVERSAL, puesto que el crédito otorgado a la compañía Agrícola LA NONA IXL C. A., fue acordado de acuerdo con los requisitos exigidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Crédito para el sector Agrario, lo que hace deducir a quien sentencia que los vehículos objeto de la garantía hipotecaria mueble tiene como finalidad servir de vehículo de carga de insumos agrícolas y transporte de los rubros, constituyendo un elemento imprescindible del ciclo agroproductivo.En tal sentido en caso de ser decretada dicha medida tendría como consecuencia la exclusión de ese bien mueble de los medios de comercialización y movilización de la producción agroalimentaria poniéndo en riesgo el ciclo agroproductivo y puesto que todo Juez Agrario tiene el deber de velar que se garantice una justa disponibilidad suficie.....

Se acordo permiso de supervisión especial a favor del ciudadano Derian Jose Moreno Moreno con apego a lo previsto en los artículos 2, 26, 83 y 257 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, el artículo 479 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal y artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros de Tratamiento Comunitario