Capítulo V Dispositiva del Fallo En vista de los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en el nombre de DIOS TODOPODEROSO, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por AUTORIDAD DE LA LEY, tomando en cuenta los Principios Constitucionales, del Acceso a la Justicia, el Debido Proceso, la Tutela Jurídica Efectiva y la Conducción Judicial, entre otros, contenidos en los Artículos, 2, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los Artículos 822, 824, 1.357 y 1.360 del Código Civil Venezolano y en los Artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil, resuelve: ÚNICO: DECLARA a los Ciudadanos: SEITO GIL LÓPEZ ZAMBRANO Y YOCCELINE DEL ROSARIO LÓPEZ DE CAPELLA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Ns° 1.1.....

PRIMERO: Se declara sin lugar la oposición opuesta por los abogados JOSE MARTINEZ DIAZ y VICTOR SEGUNDO MENDEZ RAMIREZ. ELEAZAR LEON MORIN AGUILERA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números V-7.364.420 y V-4.699.224, e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 25.938 y 84.654, en su carácter de coapoderados judiciales de la parte demandada de autos, ciudadano ANTONIO ALBERTO GONZALEZ. SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la demanda de LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE BIENES DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, que existió entre los ciudadanos MIRLA JOSEFINA ZAPATA MATA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.304.150, asistida por la abogada SURLEY TERESA LOPEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-14.400.284, e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 124.906, en contra del ciudadano ANTONIO ALBERTO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.571.645. TERCERO: Se ordena la partició.....

Por los motivos anteriormente señalados y en virtud de las disposiciones legales precitadas esta Juzgadora realizó los señalamientos pertinentes en cuanto a lo alegado por el abogado José Yovanny Rojas Lacruz, titular de la cédula de identidad N° V-8.025.453, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 58.046, actuando como co-apoderado Judicial de los ciudadanos de los ciudadanos Henry Ysidro Echeverría Mora y la ciudadana Yolima Duarte, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-16.200.031 y V- 9.199,891, el primero, domiciliado en carretera panamericana, Caño Tigre jurisdicción del municipio Caracciolo Parra y Olmedo del estado Bolivariano de Mérida y la segunda, en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del estado Mérida y civilmente hábiles, de su escrito que obra en autos. LA JUEZ PROVISORIO, ABG. MARIA EUGENIA ESTREMOR OSMA LA SECRETA.....

PRIMERO: CON LUGAR la defensa de fondo conforme a lo dispuesto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, o sea, la prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, alegada por las partes codemandadas, ciudadanos NELSON CARVAJAL HERNÁNDEZ, JULIANA CARVAJAL FORERO, CLAUDIO BARCENAS VIELMA e IRMA ESPERANZA FORERO de CARVAJAL, tanto personalmente, como por intermedio de su abogado asistente y apoderado, GRACIANO MOLINA ALVAREZ, ya antes plenamente identificados. SEGUNDO: Inadmisible la demanda incoada por el ciudadano GONZALO ANTONIO SOTO CAMPOS, por intermedio de su abogada CRISTINA BEATRIZ FIGUEREDO GONZALEZ. Quedando en consecuencia, anulado el auto de admisión de la demanda de fecha 26 de Mayo de 2017. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Se dictó sentencia en la presente causa en los siguientes términos: PRIMERO: El decaimiento de la acción, por falta de interés procesal, por hecho ilícito e indemnización de daños y perjuicios, interpuesta en fecha 14 de diciembre de 2007, por la profesional del derecho, CARLAURA MOLERO CONTRERAS, co-apoderada judicial de la parte actora, el ciudadano: LUIS ALEJANDRO CONTRERAS HERRERA contradecisión dictada en fecha 10 de diciembre del 2007, por el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en el juicio seguido en contra de EMPRESA GARZON, C.A EN LA PERSONA DE SU PRESIDENTE, CIUDADANO GREGORIO HIGINO GARZON JAIME. SEGUNDO:Se confirma en todas y cada una de sus partes el fallo apelado. TERCERO:Dada la índole del presente fallo, no se hace especial pronunciamiento sobre costas.

PRIMERO: Se declara con lugar el recurso de apelación signado bajo el N° LP01-R-2023-000155, interpuesto por la abogado Carla Selene González Ramos, en su carácter de Defensora Pública Provisoria Segunda y como tal del ciudadano Alejandro José Ramírez Dávila, en contra de la sentencia condenatoria por incumplimiento de la suspensión condicional del proceso, publicada en fecha quince de mayo de dos mil veintitrés (15/05/2023), por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control Municipal del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, y mediante la cual condena al encausado Alejandro José Ramírez Dávila, a cumplir la pena de nueve (09) meses de prisión, por la comisión del delito de Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en el asunto principal signado con el Nº LP01-P-2022-000666. SEGUNDO: Se anula el texto de la decisión de fecha 15 de mayo de 2023, además d.....

Conforme se aprecia de la decisión antes señalada, en los casos en que se afirma la jurisdicción, ha sido pacífico y reiterado el criterio de esa Máxima Instancia judicial que dichos fallos no son objeto de la consulta obligatoria prevista en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil ya transcrito, por lo cual procede la consulta del presente fallo, donde en la dispositiva será declarado que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir la presente causa. Así se establece.

Se ADMITE por no ser contraria a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres o alguna otra disposición expresa de la ley, interpuesta por la ciudadana MILAGRO CAROLINA SALAS MORA, venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, titular de la cédula de identidad número V- 17.129.831, domiciliada en la ciudad de Mérida estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil, asistida por la abogada en ejercicio NORELBY ANDREINA BALZA DE ARELLANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-16.444.071, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 190.521, de este domicilio y jurídicamente hábil. Se ordena como primer acto de procedimiento y antes que cualquiera otra actuación la notificación mediante boleta al FISCAL DE GUARDIA DE FAMILIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, de conformidad con el ordinal 3º del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el Tribunal observa que no hay persona co.....

RIMERO: CON LUGAR LA OPOSICIÓN formulada por el abogado JHONNY JAVIER MOLINA MORA, coapoderado judicial de la parte actora, contra las pruebas promovidas por la parte demandada, a través de su apoderada judicial abogada GLORIA DEL CARMEN GUILLEN GIL. SEGUNDO: Procédase a la evacuación de las pruebas admitidas en la parte motiva del presente fallo. TERCERO: Por la naturaleza del fallo no existe especial pronunciamiento sobre costas CUARTO: Por cuanto la decisión sale dentro del lapso legal, no se requiere la notificación de las partes QUINTO: Publíquese la presente decisión en el portal Web del Tribunal Supremo de Justicia.

En base a los argumentos antes expuestos, ESTE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: PRIMERO: DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA CAUSA A FAVOR DE: BRANDO SAAVEDRA, (sin más datos de identificación), de conformidad con lo previsto en el artículo 561 literal "e" de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y artículo 300 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE. SEGUNDO: SE ORDENA, notificar a las partes de la presente decisión, oficiar a la Trabajadora Social, una vez firme, se remitirá la causa original al archivo Judicial de esta Entidad Federal. Regístrese y déjese copia. Diarícese y Cúmplase.