declara: PRIMERO: SIN LUGAR LA INHIBICIÓN propuesta en la presente causa por la abogada DOANA JAZMÍN RIVERA HERRERA, Jueza del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. SEGUNDO: Remítase el presente asunto al Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, a los efectos de que continúe en conocimiento de la causa distinguida con el Nº 14542.

DECLARA: DESISTIDA la recusación interpuesta por la ciudadana MARILÚ PEÑA MÁRQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 13.577.144, asistida por el abogado MIGUEL ÁNGEL VALERO LA CRUZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Impreabogado bajo el Nº 133.522, contra la abogada DOANA RIVERA HERRERA, en su condición de Jueza Primera de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: De conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, supletoriamente aplicable por mandato del artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, condena a la parte proponente al pago de una multa equivalente a diez (10) unidades tributarias, en el lapso de tres días hábiles siguientes a la decisión de la presente incidencia, cuyo pago podrá efectuarse ante el Fondo Municipal de Protección de Niños.

En consecuencia, este TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE TOVAR, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO TANTO DE LA ACCION COMO DEL PROCEDIMIENTO Y DA POR TERMINADO EL PRESENTE JUICIO, en razón de que no es contraria a derecho y verse sobre derechos disponibles, todo de conformidad con el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.

PRIMERO: INADMISIBLE el juicio que por DIVORCIO, intentó la ciudadana LINA MARCELA GIRALDO DE VELASQUEZ, asistida por el profesional del derecho abogado SILVIO JOSÉ PEÑA, en contra del ciudadano DAYRON STEPHEN VELASQUEZ SÁNCHEZ, todos plenamente identificados en autos.

DECLARA CONSUMADA LA PERENCION y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa seguida por el ciudadano NERIS MANUEL LÓÈZ CABEZA, venezolano, mayor de edad, divorciado, topógrafo, cedulado con el Nro. 3.803.867, domiciliado en el Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida, asistido por el profesional del derecho RIGO ALBERTO RANGEL ESCALANTE, venezolano, mayor de edad, soltero, cedulado con el Nro. 11.217.355, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nro. 77.644, domiciliado en El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida. Con fundamento en lo previsto por el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas.

Este Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones: PRIMERA: El Tribunal hace entrega del inmueble plenamente identificado a la ciudadana CARMEN ALICIA VILLAMIZAR, quien lo recibe de conformidad. SEGUNDA: El Tribunal acuerda habilitar el tiempo necesario para la culminación de la presente entrega de inmueble. TERCERA: El Tribunal deja constancia que el demandado retiró voluntariamente los bienes muebles que se encontraban dentro del inmueble, por cuanto sobre los mismos no recaía medida judicial alguna. CUARTA: El Tribunal se encuentra resguardado por los funcionarios policiales adscritos a la Coordinación Policial Nº 08 de la ciudad de El Vigía, QUINTA: No habiendo otra actuación que verificar siendo las 7:30 p.m., este Tribunal acuerda regresar a su sede natural, es todo.

"...este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medida de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la solicitud incoada por el ciudadano JOEL ALEJANDRO DIAZ QUERO, asistido por la abogado en ejercicio Rosa Isabel Zerpa de Espinoza, por RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO, por tratarse el reconocimiento de los instrumentos que escapan de la aplicación del artículo 630 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide..."

Se declaró la NULIDAD de todo lo actuando en el presente proceso, seguido por la ciudadana ELBA ROSA TORO DE PÉREZ, por reivindicación contra la ciudadana EMERENCIANA FIGUEREDO CADENAS, con posterioridad al auto de admisión de la reconvención, dictado el 24 de marzo de 2009, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, incluida la sentencia definitiva apelada, pronunciada por el mismo el 22 de febrero de 2010. Como consecuencia del pronunciamiento anterior, se decretó la REPOSICIÓN de la causa al estado en que se encontraba para el 24 de marzo de 2009.

Oye dicha apelación en AMBOS EFECTOS, en tal virtud y por cuanto venció el lapso, remítase el original del presente expediente al JUZGADO (DISTRIBUIDOR) SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, a los fines de su distribución y a quien corresponda conozca de la misma. Désele salida y remítase con oficio.- LA JUEZ, ABG. MARÍA ELCIRA MARÍN OSORIO LA SECRETARIA, ABG. EILEEN C. UZCATEGUI B.

Como consecuencia de la anterior declaratoria, este Juzgado de Primera Instancia de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, se declara INCOMPETENTE POR EL TERRITORIO, para conocer y decidir la presente causa, razón por la cual, declina la competencia para el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, al que por distribución corresponda, al que se ordena remitir con oficio, las presentes actuaciones, siempre que transcurrido el lapso previsto en el artículo 69 eiusdem, no se hubiere solicitado la regulación de la competencia. De conformidad con los artículos 274 y 357 del Código de Procedimiento Civil, se condena a la parte demandante al pago de las costas procesales, por haber resultado vencida.