Este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con el artículo 267 del Código de procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECLARA. No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de procedimiento Civil. Notifíquese a los solicitantes, haciéndosele saber que el lapso para que interponga el recurso que considere pertinente, contra la presente decisión comenzará a transcurrir una vez que conste en autos su notificación. Líbrese boleta y entréguesele al Alguacil para que las haga efectiva. NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA. DADO, FIRMADO SELLADO Y REFRENDADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE M.....

PRIMERO: Se DECLARO IMPROCEDENTE la solicitud de medida autónoma de protección a la producción agroalimentaria, la biodiversidad, el ambiente y el trabajo, presentada por el abogado HADE HENRY MARIN ECHEVERRIA, en su carácter de co-apoderado judicial del solicitante, ciudadano CESAR ANGOLA TORRES, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-6.916.881, de conformidad en los artículos 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y los artículos 305, 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre el fundo SAN ANTONIO, ubicado en el sector Valle Grande, Municipio Libertador, Parroquia Gonzalo Picón Febres, El Pajonal Prado Verde del Estado Mérida. SEGUNDO: No se hace especial pronunciamiento sobre costas en virtud de la naturaleza de este pronunciamiento. Así se decide.

El día de hoy, miércoles 07 de junio de 2017, presente los ciudadanos ELSY KARINA IBARRA ALTUVE, y JEAN CARLOS MARQUEZ REINOZA, venezolanos mayores de edad, titulares de la cédula de identidad V--17.239.086 y V-20.141.437 en su orden, luego de las conversaciones las partes acuerda fijar la obligación de manutención en la cantidad de VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 25.0000,00) mensuales, así mismo en la época escolar el padre cubrirá los gastos de uniformes escolares incluye en calzado, en la época de diciembre el padre asumirá la compra de un estreno o renovación, y calzado y el juguete de navidad, los demás gastos extraordinarios o de salud serán cubiertos por el progenitor en un 50%. Las partes presentes solicitan se homologue el convenimiento, se cierre y se archive el presente expediente. Se homologa el presente convenimiento, se acuerda el cierre y archivo del presente expediente. Es todo, se terminó, leyó y conformes firman.

Vista la Audiencia de esta misma fecha en la cual no hacen acto de presencia ninguna de las partes, así como la diligencia de fecha 06-06-2017, en la cual solicitan se homologue el desistimiento. Esta juzgadora visto que no se han satisfecho los extremos requeridos por la norma trascrita para declarar con lugar la demanda de OBLIGACION DE MANUTENCION. En consecuencia, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACION Y SUSTANCIACION DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Declara Desistido el presente procedimiento de OBLIGACION DE MANUTENCION por disposición expresa del artículo 477 de la Ley Orgánica para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en consecuencia, se declara extinguida la instancia y terminado el asunto con el archivo del expediente. Es todo. Terminó, se leyó y conformes firman.

1°. Ejecuta la sentencia dictada por el Tribunal de Control N° 03 de este Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, inserta a los folios 100 al 104, contra el penado WALTER JOSE PEREZ MARQUINA, venezolano, titular de la cedula de identidad N° 24.349.635, por la comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 numerales 3,4 y 6 del Código Penal, en la que fue condenado a cumplir la pena de CINCO (05) años de prisión, más las penas accesorias de Ley correspondientes, previstas en el artículo 16 del Código Penal. . 2.- Visto que el penado se encuentra en libertad, por lo cual opta a la suspensión condicional de la ejecución de la pena y a tal efecto, se acuerda citar al penado a los fines de informarle que deberá presentar oferta laboral y constancia de residencia.

Ejecuta la MEDIDA DE SEGURIDAD, impuesta al ciudadano ROSMEL YOMAR RODRÍGUEZ PEREIRA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, soltero, latonero, de 20 años de edad, nacido el 01-06-96, titular de la cédula de identidad nro. V-25.004.5715, consistente en someterse a un tratamiento de cura o desintoxicación, por el lapso de un (01) año, a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), a someterse a un tratamiento de cura o de desintoxicación por el lapso de un (01) año, y a su vez la obligación de realizar trabajo comunitario por el lapso de cuatro (04) meses, una vez cada quince (15) días, no menos de cuatro (04) horas diarias, bajo la Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida.

El TRIBUNAL NEGÓ la prueba de inspección judicial, promovida en el epígrafe INSPECCION JUDICIAL, del escrito de contestación a la demanda, dicha prueba se niega en virtud de que la parte promovente no fue específica sobre qué inmueble se va a realizar la referida inspección. Así se decide.

ESTE JUZGADO SUPERIOR ESTADAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA, SIN LUGAR LA DEMANDA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL CIUDADANO RAFAEL RODRIGO RAMIREZ RAMIREZ, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V- 3.622.392, ASISTIDO DEBIDAMENTE POR EL ABOGADO RAFAEL ESCALONA MARQUEZ, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V- 8.010.213, INSCRITO EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO INPREABOGADO (INPREABOGADO) BAJO EL Nº 65.452, CONTRA LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA).

Seguidamente, este Tribunal les concede a los prácticos designados diez (10) días de Despacho para que presenten el informe detallado de la inspección judicial realizada. Dado que no le fue señalado al Tribunal, ningún otro hecho o circunstancias sobre la cual dejar constancia ni otra diligencia que practicar, el Tribunal ordena regresar a su sede natural, siendo las tres de la tarde (03:00 pm), del mismo día de hoy. Es todo. Terminó, se leyó y conformes firman.

En virtud de las consideraciones expuestas, y por cuanto es deber legal de este juzgador procurar la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular algún acto procesal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 206, 209 y 212 del Código de Procedimiento Civil, y, por cuanto la providencia objeto de este auto no ha alcanzado el fin al cual estaba destinada, el cual es la suspensión de la causa hasta tanto las partes acrediten en autos haber cumplido el procedimiento especial previsto en el citado Decreto Ley, resulta procedente en derecho decretar la nulidad del auto decisorio de fecha 01 de julio de 2011, y acordar la reposición de la causa al estado en que se encontraba para la fecha en que se dictó el auto anulado. Así se resuelve. En consecuencia, a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa, de conformidad con las previsiones del artículo 12 del mencionado Decreto-Ley, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 174 y 233 del.....