Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA IMPROPONIBILIDAD LA DEMANDA INTERPUESTA por el ciudadano MARCO TULIO QUINTERO RONDON, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de Identidad N° V.- 10.102.677, inscrito en el IPSA bajo el N° 110.525, actuando en su propio nombre y representación, en contra de la ciudadana ELIZABETH ABZUETA STURLA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 10.712.723, en su condición de parte patronal, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS CONCEPTOS LABORALES. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

Este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano Mérida, sede El Vigía, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: Parcialmente Con Lugar la demanda incoada por la ciudadana Duilia del Carmen Díaz Rangel, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.085.086, contra la empresa Centro Clínico Vargas C.A, en la persona del ciudadano Adán Emiro Muñoz Calleja, titular de la cédula de identidad Nº V-2.275.331, en su carácter de Representante Legal y Presidente de la mencionada empresa. Ordenándose a la parte demandada pagar la cantidad por los conceptos laborales que se indican en la parte motiva del presente fallo. Asimismo, se ordena realizar una experticia complementaria al fallo de conformidad con el artículo 159 de le Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines de determinar el monto de los intereses generados por la prest.....

PRIMERO: La EXTINCIÓN DEL PROCESO, en la demanda que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, interpuso el ciudadano ANGEL FERNANDO VALLEJO JAIMES, en contra de GRUPO BEZAUDIN C.A. (HOTEL TISURE), y de los terceros llamados a juicio ciudadanos ROBERTO ULISES ARAUJO QUINTERO, y YACSON JOSE DAVILA. (Todos identificados en autos).

DISPOSITIVO ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN TANTO DEL NUEVO REGIMEN COMO DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA, Administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la ley declara de oficio la PERENCIÓN de la instancia y extinguido el proceso que por Cobro de Prestaciones Sociales y otros Conceptos; siguen los ciudadanos: EDUARDO JOSE FARIA QUINTERO Y ANA BRIGIDA SANCHEZ RANGEL contra la Sociedad Mercantil "AGUAS DE MERIDA, C.A." (AGUAMERCA).

Este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Constitución y sus Leyes, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, incoada por los ciudadanos OMAR ROLANDO GOMEZ CONTRERAS y JEFFERSON JAVIER GOMEZ DAVILA, venezolanos, mayores de edad, titulares de cédula de identidad N° 4.495.724 y 16.445.677, solteros, asistidos por los abogados en ejercicio MARIA ALEJANDRA DAVILA RAMIREZ y LUZ COROMOTO DAVILA RAMIREZ, inscritos en el inpreabogado bajo los N° 112.570 y 50.101, contra los ciudadanos BALBINO MARIN VELASQUEZ y ROSALIA CONTRERAS DE MARIN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº 2.832.385 y 5.203.427 respectivamente, de conformidad con los artículos 690 del Código de Procedimiento Civil. Y ASI SE DECIDE.- SEGUNDO: Como consecuencia de la presente decisión.....

Por cuanto del cómputo anterior, se desprende que desde el día 3 de octubre de 2012, exclusive, fecha de la última actuación valida, tal y como consta del folio 92 del expediente, hasta el día de hoy, inclusive, han transcurrido MIL NOVENTA Y TRES (1093) DIAS CONSECUTIVOS, (2 AÑOS, 9 MESES Y 21 DÍAS), sin que la parte actora le haya dado impulso procesal para la prosecución de la presente causa. En consecuencia, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley y la Constitución y de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, declara extinguida la instancia en el presente proceso, por negligencia de la parte actora ante la falta de impulso procesal. Se ordena dar por terminado el juicio, y archivar el expediente una vez se encuentre firme la presente decisión. Se ordena n.....

Se SOBRESEYÓ el procedimiento, por no haber lugar a proseguirlo y dictar sentencia en el mismo.

El artículo 1.185 del Código Civil establece que quien con intención, o por negligencia, o por imprudencia, o excediéndose en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual la ha sido conferido eses derecho, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo, pero el daño, a tenor de lo previsto en el ordinal 7º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, deben especificarse en el libelo y señalar la causa de éstos, pero como antes se advirtió, ni la actora los probó, ni existe en autos prueba de que se hubiese enterado del hecho con anterioridad al mes de septiembre de 2010, de lo cual el Sentenciador pudiese extraer que la actora pasó nueve meses en estado de angustia ante la posibilidad de perder su dinero, razón por la que no puede prosperar el reclamo del daño moral, por interpretación de lo dispuesto en el artículo 254 ejusdem. Y ASÍ SE DECIDE.-

DISPOSITIVA. Resuelve: CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes, la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control N° 06 del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, en fecha 13 de Noviembre de 2015, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de los accionantes, abogados Norelys Virginia Vásquez de Marín y José Rafael Bastos, adscritos a la Defensoría del Pueblo, actuando en representación del Defensor del Pueblo Delegado del Estado Bolivariano de Mérida, Criminólogo Nelson José Garrido Albornoz, y en consecuencia, acordó mantener la presente acción de amparo activa hasta que aparezca con o sin vida el ciudadano RAMÓN GERARDO RAMÍREZ COLMENARES.

Este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS TOVAR, ZEA, GUARAQUE Y ARZOBISPO CHACÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud formulada de conformidad con el artículo 185-A del Código Civil Vigente y consecuencialmente DECLARA disuelto el vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos RAUL ANTONIO GUILLEN MOLINA y MARÍA ANDREINA PEÑA ARAQUE.-