PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana SARA BARBOZA CARRILLO, contra la Sociedad Mercantil ARQEX, C.A., representada por el ciudadano SALVATORE SPINA CORRAO (Todos plenamente identificados en autos). SEGUNDO: Se condena a la Sociedad Mercantil ARQEX, C.A. a pagar a la ciudadana SARA BARBOZA CARRILLO, la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS BOLÌVARES (Bs. 263.200,oo) por los conceptos indicados en la parte motiva del presente fallo. TERCERO: Se ordena el pago de intereses de mora sobre la cantidad condenada a pagar, dichos intereses deberán ser calculados a través de una experticia complementaria del fallo, de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de conformidad a lo establecido en el literal "c" del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cual se realizará mediante la designación .....

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de la trabajador, ni normas de orden público, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada, así mismo ordena el cierre y archivo del presente expediente

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio de la Coordinación del Trabajo de esta Circunscripción Judicial del estado Mérida, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA ACCION INTENTADA

Este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN TANTO DEL NUEVO RÉGIMEN COMO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley . Declara: PRIMERO: HOMOLOGA el Desistimiento presentado la parte demandante: Néstor José Rivas, en este juicio incoado en contra de Sociedad Mercantil "MULTISERVICIOS AUTOMOTOR C.A, por concepto de Prestaciones Sociales y otros conceptos Laborales. SEGUNDO: Cosa Juzgada en el presente juicio. TERCERO: Terminada esta causa y se ordena el archivo de este expediente. CUARTO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de lo aquí decidido

, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA la Transacción celebrada por las partes, se le imparte el carácter de cosa juzgada, se da por terminado el proceso y se abstiene de archivar el expediente hasta tanto conste en autos la cancelación total de la obligación contraída.

PARTE DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas este Tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, de conformidad con el artículo 185-A del Código Civil Vigente, la solicitud formulada y consecuencialmente declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos LUIS ALBERTO GAVIDIA y MARIA TERESA MORCILLO DE CROZ, identificados anteriormente, según matrimonio celebrado por ante el Registro Civil de la Parroquia El Llano, Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 25 de octubre de 1.977, según acta Nº 258. SEGUNDA: Por cuanto los solicitantes han manifestado que no procrearon hijos, este Tribunal no dicta providencia alguna al respecto. TERCERA: Por cuanto los solicitantes han manifestados que durante la vigencia de la unión conyugal no adquirieron bienes, este Tribunal no dicta providencia alguna al respecto.- PUBLÍQUESE, Y CÓPIESE. DADA, FI.....

PARTE DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas este Tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, de conformidad con el artículo 185-A del Código Civil Vigente, la solicitud formulada y consecuencialmente declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos JOSÉ RAMÓN GUADUA y MARIA YUDY VILLARREAL, identificados anteriormente, según matrimonio celebrado por ante el Registro Civil de la Parroquia Piñango, Municipio Miranda del Estado Mérida, en fecha 05 de abril de 1.982, según acta Nº 9. SEGUNDA: Por cuanto los solicitantes han manifestado que procrearon dos (2) hijas durante la unión conyugal, este Tribunal no dicta providencia alguna al respecto, por cuanto los mismos ya son mayores de edad. TERCERA: Por cuanto los solicitantes han manifestado haber adquirido bienes durante la unión conyugal, liquídense los mismos conforme la ley.- PUBLÍQU.....

declara CON LUGAR, la solicitud de divorcio por ruptura prolongada de la vida en común, conforme lo establece el artículo 185-A del Código Civil, hecha por el ciudadano EDGAR JOSÉ FIALLO QUIÑONEZ, venezolano, mayor de edad, comerciante, cedulado con el Nro. 11.222.243, domiciliado en Santa Elena de Arenales, Municipio Obispos Ramos de Lora del Estado Mérida y jurídicamente hábil y reconocida por la ciudadana YOLEIDA DEL CARMEN MOLINA DE FIALLO, venezolana, mayor de edad, casada, de oficios del hogar, cedulada con el Nro. 13.558.982, domiciliada Capazón centro Municipio Obispos Ramos de Lora del Estado Mérida en y jurídicamente hábil. Como consecuencia de la anterior declaratoria, se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre ellos, contraído por ante la Prefectura Civil de Santa Elena de Arenales del Municipio Obispos Ramos de Lora del Estado Mérida en fecha 01 de octubre de 1994, acta Nro. 22, folio 083, año 1994, de los libros de matrimonios llevados por dicha jefatura.....

En Audiencia Preliminar se procedió a sentenciar al imputado GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ OQUENDO, conforme a la ADMISIÓN DE LOS HECHOS (art 376 del COPP), por los delitos de LESIONES INTENCIONALES LEVES Y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los articulo 415 y 277 del Código Penal, respectivamente, en perjuicio de MARCELO ALTUVE y EL ORDEN PUBLICO. Quedando la PENA acumplir en DOS AÑOS DE PRISIÓN , más las accesorias de ley del art. 16 del Código Penal, manteniéndosela Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, impuesta en fecha 28-09-2005. Se ordenó igualmente el decomiso del arma de fuego, remitiéndose al DARFA, a los fines se proceda conforme al art 1 de la Ley de Desarme. En consecuencia transcurra lapso legal, remitiral Tribunal de Ejecución de este mismo Circuito Judicial. LA JUEZ DE CONTROL N° 06 ABG. ROSIRI DEL VECCHIO DIAZ LA SECRETARIA ABG. BLANCA PERNÍA.