DISPOSITIVA Por lo anterior expuesto, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 01 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EXTENSIÓN EL VIGÍA, EDMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida a los ciudadanos ALCIDES ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ y FRANCISCO JAVIER QUEVEDO GRANADOS, venezolanos, titulares de las cédula de identidad Nº 16.350.916, el primero, indocumentado el segundo, domiciliados en casa de tabla, vía el Puerto de la Dificultad, casa s/n, Estado Trujillo y calle principal casa s/n Estado Trujillo, por el delito de AMENAZA DE CAUSAR DAÑO GRAVE previsto y sancionado en el artículo 176 segundo aparte, del derogado Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ANA LUISA ARAUJO DE RIVERO, venezolana titular de la cédula de identidad Nº 9.177.356 residenciada en Arapuey, vía Las Rurales, casa Nº 8416, Estado Mérida y DECLARA EXTINGUIDA LA A.....

Se declara formalmente SECUESTRADO el bien inmueble y se DECRETA la desposesión jurídica del mismo. El Tribunal oída la solicitud del Apoderado Judicial de la parte actora, de conformidad a lo establecido en el ordinal 7° del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil acuerda nombrar como depositario del inmueble objeto de la medida a la Empresa Mercantil Inversiones Mocotíes, C.A., en la persona de su representante legal, e igualmente acuerda que los bienes muebles descritos en la presente acta queden bajo la responsabilidad de la referida empresa, haciéndole de su conocimiento de las obligaciones que corresponde a todo depositario judicial

PRIMERO: CON LUGAR la demanda por Indemnización por Accidente de Trabajo y Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales incoada por el ciudadano JOEL ALEJANDRO SOLANO PEÑA, contra el ciudadano JOSE DIONISIO RONDON FLORES, plenamente identificados en actas procesales.

este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida Sala de Juicio el Vigía, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley de conformidad con lo establecido en los artículos 365, 366, 369 Y 374 y 521 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y a lo previsto en el artículo 76 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela DECLARA CON LUGAR la solicitud de CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, incoada por la ciudadana: DIANA ARIAS ALBORNOZ, plenamente identificada en autos, en contra del ciudadano: ANGEL ALFONSO CARRILLO BERMÚDEZ, igualmente identificado en autos.

Este Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Control N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, para decidir hace los siguientes pronunciamientos previo a la revisión de las actuaciones que acompañan el solicitante y abogado asistente a la presente solicitud: PRIMERO: Para que este Tribunal pueda avocarse al conocimiento de la causa N° C-003-16-2003 que cursa por ante el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Extensión Santa Bárbara del Zulia, debe ese Tribunal, en principio determinar su competencia de conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en los artículos 58 y 61 ejusdem; SEGUNDO: Si el Tribunal no ha determinado su competencia, deben las partes en este caso solicitar ante el Tribunal lo previsto en el artículo 77 del Código Orgá.....

DISPOSITIVA: Por los fundamentos que anteceden, este Tribunal de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, hace los pronunciamientos siguientes: PRIMERO: Se decreta la aprehensión de la ciudadana MARUBI SORELLYS MOLINA ANGULO, en situación de flagrancia, por la presunta comisión de los delitos de LESIONES PERSONALES INTENCIONALES LEVES y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos y castigados en los artículos 416, y 218 (encabezamiento) del Código Penal, con fundamento en las previsiones del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se acuerda la aplicación del procedimiento abreviado en la presente causa de conformidad con los artículos 372 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual se acuerda remitir las actuaciones al Tribunal de Unipersonal de Juicio, que le corresponda conocer por distribución de la causa, en el lap.....

DECISIÓN Por lo anteriormente expuesto, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano ZERPA MOLINA DACIO AMADOR, asistido por el Abogado Luis Emiro Zerpa, antes identificados, contra la ciudadana THAIS YAMILET FERNÁNDEZ CASTILLO, igualmente identificada, por DESALOJO DE INMUEBLE. Y por efecto de tal declaratoria, este Tribunal ordena: PRIMERO: Se ordena el Desalojo del inmueble consistente en una casa para habitación, signada con el N° 18-43, ubicada en la Avenida 8, entre calles 18 y 19, del Estado Mérida. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada al pago de las costas procesales, por haber resultado totalmente perdidosa de conformidad con el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Por todos los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado de Primera Instancia en funciones de Juicio nro. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 311 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 51 de la Constitución Nacional, CUMPLE CON HACER EFECTIVA LA ORDEN DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL DINERO Y LOS OBJETOS DEBIDAMENTE EXPERTICIADOS EN LA PRESENTE CAUSA A SUS LEGÍTIMOS PROPIETARIOS; LAS VÍCTIMAS GERARDO ANTONIO OSORIO VARELA y MARIA MAGALY ESCALONA MONSALVE, titulares de las cédulas de identidad nros. V-8.027.792 y V-6.435.972; respectivamente, la cual fuera acordada en el texto de la sentencia definitiva publicada por éste Tribunal en fecha 31-3-2.006 (folios 135 al 162), cuando se encontraba a cargo del Abogado NELSON TORREALBA, por tratarse de dinero auténtico y de curso legal en el país, así como, de objetos líc.....

El Tribunal admitió las pruebas promovidas en el escrito de la contestación de la demanda, acto de audiencia preliminar y el escrito presentado mediante diligencia de fecha 21 de abril de 2006, sobre el mérito de la causa, por el abogado EDICSON PAREDES VALERO, en su carácter de apoderado judiciales de la parte demandada, ciudadanos JOSE NEPTALI MARQUEZ MARQUEZ y JOSE DAVILA, a excepción de la prueba de inspección judicial promovida en el capítulo III en sus numerales 1, 2, 3, y 4 del escrito de pruebas, negó esta promoción, por cuanto no fue producida en el escrito de libelo de la demanda; fijándose treinta (30) días continuos, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 236 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para la evacuación de tal probanza.

El Tribunal admitió las pruebas promovidas en el libelo de la demanda, acto de audiencia preliminar y el escrito presentado mediante diligencia de fecha 24 de abril de 2006, sobre el mérito de la causa, por el abogado LUIS ENRIQUE UZCATEGUI GARCIA, en su carácter de coapoderado judiciales de la parte actora, ciudadano LUIS DARIO HERNANDEZ GUERRERO, a excepción de las siguientes pruebas: a) En relación a la prueba de experticia topográfica contenida en la audiencia preliminar y la prueba de inspección judicial promovida en el numeral 4 literales A, B y C del escrito de pruebas el Tribunal niega esta promoción, por cuanto no fueron producidas en el escrito de libelo de la demanda; fijándose treinta (30) días continuos, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 236 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para la evacuación de tal probanza.