Visto el escrito de promoción de pruebas consignado por el abogado LEONARDO ENRIQUE MOGOLLON CARRASCO, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 44.780, en su condición de representante procesal de la parte demandada, inserto del folio 43 al 47; este Tribunal dentro del lapso legal correspondiente y de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de seguidas pasa a providenciar los indicados medios probatorios:

Visto el escrito de promoción de pruebas consignado por el abogado LUIS ALBERTO CAMINOS, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 115.306, en su condición de representante procesal de la parte actora, inserto al folio 40 y 41; este Tribunal dentro del lapso legal correspondiente y de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de seguidas pasa a providenciar los indicados medios probatorios:

Primero: SIN LUGAR el alegato de falta de cualidad e interés de la demandante para sostener el presente juicio, invocado por la representación judicial de la parte demandada, CORPORACION TECNICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS, C.A. (COTARCA). Segundo: CON LUGAR la demanda que por motivo de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES ha incoado la ciudadana NANCY COROMOTO SANCHEZ CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-8.045.215, en contra de la CORPORACION TECNICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS, C.A. (COTARCA), debidamente protocolizada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 09 de agosto de 2007, bajo el No. 13, Tomo A-26. Tercero: Se condena a la CORPORACION TECNICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS, C.A. (COTARCA), a pagarle a la ciudadana NANCY COROMOTO SANCHEZ CASTILLO la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLIVARES CON NOVENTA Y OCHO CENTIIMOS (Bs. 5.....

PRIMERO: Decreta la nulidad de las actuaciones a partir de la admisión de la demanda efectuada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida inclusive y, repone la causa al estado que dicho Tribunal proceda a pronunciarse sobre la admisión o no del escrito libelar interpuesta por la ciudadana GRISEIDA TERESA D´JESUS BARRIOS; de conformidad a las previsiones del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con lo establecido en los artículos 206, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, al verificar lo indicado en el libelo de la demanda y lo expresado en el escrito mediante el cual pretende subsanar, este tribunal constata que no dio cumplimiento a lo ordenado. Es por lo que este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara la Inadmisibilidad de la Demanda, de conformidad con el articulo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y así se decide.

Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida , administrando justicia en nombre de la república Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley y en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada, se da por terminado el proceso y se abstiene de archivar el expediente hasta tanto conste en autos el cumplimiento total de la obligación .COPIESE Y PUBLIQUESE LA PRESENTE DECISION. AÑOS: 200º DE LA IDENPENDENCIA Y 151º DE LA FEDERACION.

Por las razones expuestas, este JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS RIVAS DAVILA Y PADRE NOGUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR, la solicitud de declaratoria de divorcio formulada por los ciudadanos: RICARDO ENRIQUE VIVAS MORA y LAURA ISBELIA CARRERO PEREZ, plenamente identificados. En consecuencia, se declara el divorcio y disuelto el vínculo matrimonial que existía entre los antes prenombrados ciudadanos, según el matrimonio civil contraído por ante el anterior Juzgado del Distrito Rivas Dávila, hoy Juzgado de los Municipios Rivas Dávila y Padre Noguera del Estado Mérida, en fecha: 07 de Julio del año 1984, bajo el No.5, la cual se encuentra en original agregada al folio Dos, (02) del presente expediente. Se ratifica en todas y cada una de sus partes lo establecido por los cónyuges en su escrito de declaratoria de divorcio en cuanto al régimen familiar y eco.....

"...este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CONSUMADA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide..."

Este Tribunal declara INADMISIBLE toda vez que lo contrario atenta contra los principios constitucionales de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa de los solicitantes, así como el orden público

Acuerda: MEDIDA DE PROTECCION EN COLOCACION FAMILIAR DE MANERA PROVISIONAL Y REPRESENTACION LEGAL, en beneficio de la niña OMITIR NOMBRE, en el hogar de la ciudadana SENAIRA ROSALES RUIZ, antes identificada, aplicando de esta manera la Medida de Protección, de conformidad con el Artículo 126, literal "i" de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y del Adolescentes, debiendo ésta permanecer en el hogar de la mencionada ciudadana, quien la representará legalmente y se obliga a brindarle la asistencia material, vigilancia, la orientación moral y educativa al adolescente; así como la facultad de imponerle correcciones adecuadas a su edad y desarrollo físico y mental, igualmente a velar por el bienestar e integridad física de la misma; de conformidad con lo dispuesto en los artículos antes indicados.