se HOMOLOGA en todas y cada una de sus partes el mencionado acuerdo suscrito por los ciudadanos JOSE TRINIDAD MOGOLLON DIAZ y SUHEY CAROLINA LOSSADA LACRUZ, ut supra identificados, indicándosele a las partes que la presente homologación tiene fuerza ejecutiva. Certifíquese por Secretaría copia certificada del escrito de solicitud del convencimiento suscrito por las partes y de la presente decisión. Se ordena el cierre y el archivo del presente expediente

Hechas las anteriores consideraciones, este Tribunal para decidir, observa: En el escrito libelar, el abogado intimante manifiesta que reclama las costas para sus representados, para que puedan cancelarle a su apoderado judicial y al abogado que los asistió, y fundamenta la solicitud en lo previsto en 281 y 284 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 23 y 24 de la Ley de Abogados, que dice es el procedimiento para tramitar el cobro de costas procesales. Pero, en el escrito estima únicamente las actuaciones realizadas por el abogado Edgar Ricardo Medina. Considera este Juzgador que el intimante no tiene clara la diferencia entre costas procesales y honorarios profesionales. Estos son parte de las costas impuestas a la parte vencida en juicio, pero no son las costas en estricto derecho, de manera que las últimas son de la parte ganadora y los honorarios del o los abogados que actuaron en su nombre, y así se infiere del contenido de los .....

El Tribunal dictó decisión declarando consumada la perención y, en consecuencia, extinguida la instancia en la presente solicitud, seguida por la ciudadana FLOR NORELIS BRICEÑO BUSTOS venezolana, mayor de edad, productora agrícola, titular de la cédula de identidad Nº V-13048.395, domiciliada en el Sector AGUA BLANCA, VIA TRASANDINA, TIMOTES MUNICIPIO MIRANDA, DEL ESTADO MERIDA, por el cual solicitó medida DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCION, y así se decide.

Ahora bien, este Tribunal considera que si bien es cierto, la medida solicitada giran entorno a una unidad de producción, que debe contribuir a la seguridad y soberanía agroalimentaria, materia de rango Constitucional, no es menos cierto que en el presente caso no se demostró ningún peligro inminente de desmejoramiento o ruina a la continuidad de la actividad agraria desplegada en la unidad de producción, tal como se evidencia de la inspección judicial antes señalada, ni de los medios de pruebas aportados por el solicitante. Por las consideraciones antes expuestas, es por lo que este Juzgado Superior Agrario, declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida innominada objeto del presente asunto requerida por el Defensor Público en materia Agraria Abg. Salvador Benítez. Y así se decide.-

Así pues, en base a la línea de argumentación ampliamente explanada en la parte motiva de la presente Medida y en torno al articulado legal y constitucional supra reseñado en la misma, este Juzgado, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a fin de prestar una tutela preventiva e idónea, y tomando en cuenta que la presente decisión tiene carácter eminentemente de protección, asegurativa y provisional, tal como se dispone en la norma contenida en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y la jurisprudencia vinculante emanada de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de mayo de 2.006, con ponencia del magistrado Dr. Francisco Carrasquero López, decide: PRIMERO: IMPROCEDENTE, la solicitud de Medida Cautelar Innominada, solicitada por el abogado en ejercicio Daniel Abreu Andrade, actuando en representación del ciudadano José Luis Oviedo Calderón, supra identificados.

este CIRCUITO DE PROTECCIÓN DEL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, CONCEDE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL SOLICITADA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DISCIERNE EL CARGO DE CURADORA AD-HOC, a la ciudadana MARIA AVILA SALAS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.715.262. Discernimiento éste, que se otorga de conformidad con lo previsto en el Artículo 110 del citado Código Civil Venezolano. Expídase copia debidamente certificada del presente Discernimiento, a los fines de su Registro y Publicación, de conformidad con lo previsto en los Artículos 413 y 415 del Código Civil Venezolano.

este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACION Y SUSTANCIACION DEL CIRCUITO DE PROTECCIÓN DEL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, CONCEDE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL SOLICITADA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DISCIERNE EL CARGO DE CURADOR AD-HOC, a la ciudadana ANA DEL CARMEN AVENDAÑO BARRIOS, antes identificada. Discernimiento éste, que se otorga de conformidad con lo previsto en el Artículo 110 del citado Código Civil Venezolano. Expídase copia debidamente certificada del presente Discernimiento, a los fines de su Registro y Publicación, de conformidad con lo previsto en los Artículos 413 y 415 del Código Civil Venezolano.

este SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACION Y SUSTANCIACION DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Declara PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el presente juicio que por ACCION REINVINDICATORIA , ha incoado la ciudadana JOSEFINA FERNANDEZ VELAZCO, debidamente asistida por los abogados en ejercicio EDILIO RAMÓN VALBUENA RAMIREZ y JESUS MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ, contra la ciudadana ELIZABETH MARQUEZ SERRANO. SEGUNDO: Notifíquese a la parte demandante.

OS MUNICIPIOS JUSTO BRICEÑO, TULIO FEBRES CORDERO Y JULIO CESAR SALAS DE LACIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, con sede en Nueva Bolivia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, HOMOLOGA EL CONVENIMIENTO suscrito por las partes, ciudadanos: NURDELYS DEL VALLE AGUILAR RIVAS y JOHENDRY ENRIQUE GUILLEN ARAQUE, identificados anteriormente, en la misma forma, términos y condiciones por ellos convenidos

El Tribunal dictó decisión declarando que tales diligencias resultan suficientes para que este administrador de justicia, salvo el mejor derecho del Estado Venezolano y de cualquier otro tercero, DECRETE Justo Titulo de Propiedad a favor de la empresa AGROPECUARIA INVERNADERO SAN FELIPE, AGROIN SAN FELIPE C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de El Vigía, en fecha 24 de enero de 2012, bajo el Nº 46, Tomo 1-A, con domicilio en el sector San Felipe, Parroquia Mesa de Las Palmas, Santa Cruz de Mora, Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Bolivariano de Mérida, sobre unas mejoras bienhechurías ubicadas en un lote de terreno, ubicado en el sector San Felipe, Parroquia Mesa de Las Palmas, Santa Cruz de Mora, Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Mérida, con una superficie de Dos Hectáreas, con Seis Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Metros Cuadrados (2 ha con 6245), cuyos linderos son los siguientes: NORT.....