Examinada detenidamente como ha sido la declaración contentiva de la inhibición propuesta, considera el Tribunal, que la misma fue hecha en forma legal y se encuentra fundamentada en motivo justificado, en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 84 eiusdem; en consecuencia, de conformidad con el artículo 88 ibidem, resulta procedente declarar CON LUGAR dicha inhibición, como en efecto así se declara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Así se decide. Como consecuencia de la declaratoria anterior y de conformidad con el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Tribunal asume el conocimiento de la presente causa.

Examinada detenidamente como ha sido la declaración contentiva de la inhibición propuesta, considera el Tribunal que la misma fue hecha en forma legal y se encuentra fundamentada en motivo justificado, específicamente en la sentencia vinculante Nº 2140, de fecha 07 de agosto de 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO. En consecuencia, de conformidad con el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil y, en un todo conforme a la sentencia vinculante de fecha 23 de noviembre de 2010, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, resulta procedente declarar Con Lugar dicha inhibición, como en efecto así se declara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Así se decide.

Ahora bien, por cuanto de las actuaciones remitidas a esta alzada no consta que las partes hayan señalado su respectiva dirección procesal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil y acogiendo el criterio jurisprudencial establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 24 de abril de 2003 (Caso: Domingo Cabrera Estévez, en amparo constitucional), reiterado en fallo del 1° de junio de 2004, (Caso: Heber Genaro Chacón Moncada, en amparo constitucional (Vide: www.tsj.gov.ve), este Tribunal considera que debe tenerse como sus domicilios procesal la sede de este Juzgado, y, sus notificaciones deberán verificarse en la cartelera principal del mismo. Líbrense las boletas de notificación con las inserciones pertinentes, y entréguese al Alguacil para que proceda a fijarlas en la cartelera principal de este Tribunal. Provéase lo conducente.

Oídas sus intervenciones, este Tribunal acuerda diferir la presente audiencia de juicio con acuerdo de las partes intervinientes de conformidad con el artículo 874 del Código de Procedimiento Civil, fijando el segundo día hábil de despacho siguiente al de hoy a las dos de la tarde (2:00 pm), para que tenga lugar la continuación de la presente audiencia de juicio. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman.-

Esta Juzgadora las ADMITE cuanto a lugar en derecho se requiere, salvo su apreciación y evacuación en la audiencia oral de juicio. En consecuencia, procédase a su evacuación; con excepción de las indicadas en los particulares quinto, sexto, décimo primero y décimo segundo, esto por cuanto dichas pruebas documentales no fueron indicadas en el escrito de Contestación de Demanda, aunado al hecho que la parte promovente no justificó la pertinencia, legalidad y motivos por los cuales no lo hizo en su debida oportunidad, todo esto de conformidad con lo establecido en los Artículos 100 y 113 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda; Visto lo promovido por la parte demandada, referido a la presentación del libelo de demanda; nuestro máximo Tribunal ha establecido que las afirmaciones de hecho contenidas en el escrito de la demanda y contestación, no tienen carácter o naturaleza de "pruebas", aún cuando, ciertamente, precisan los términos en que las p.....

Se declaró INADMISIBLE la apelación interpuesta el 31 de octubre de 2016, por la abogada GUMERCIDA GUZMAN DE ALARCON, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada ciudadana CARMEN PULIDO GALEANO, contra el auto de fecha 13 de octubre de 2016, dictada por el JUZGADO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en el juicio seguido en contra la apelante por la ciudadana CARMEN PULIDO GALEANO, por desalojo (local comercial). En consecuencia, se REVOCÓ en todas y cada una de sus partes el auto de fecha 3 de noviembre de 2016, mediante el cual el prenombrado Juzgado admitió en un efecto la apelación de marras.

del criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión antes parcialmente transcrita, las pruebas documentales o instrumentales que hayan sido promovidas por las partes constituyen un haz de medios probatorios que deberán ser valorados posteriormente por el Juez, por cuanto las mismas se incorporan automáticamente al proceso y no requieren evacuación, y en consecuencia, las pruebas documentales forman parte de la comunidad de las pruebas que junto con las demás pruebas promovidas y admitidas por el tribunal deberán ser analizadas dentro de todo el acervo probatorio para dictar la correspondiente decisión, en tal sentido se declarará SIN LUGAR la oposición hecha por la ciudadana JOHANNA MARGARITA SULBARÁN CALDERON , debidamente asistida por el Abogado WILLIAM MARQUINA SÁNCHEZ, este juzgador deberá verificar cuales de estas actas del proceso le favorecen, carga ésta que le corresponde a la parte promovente, sin embargo se le hace saber que t.....

- VII - DISPOSITIVO Por las consideraciones expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Luis Eduardo García Manaure, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-19.861.877, en su condición de parte demandante-recurrente, asistido por el profesional del derecho José Alejandro Molina Manaure, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.309.864, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 187.441, en contra de la Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva, publicada en data 24 de abril de 2017, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en la causa principal signada .....

PRIMERO: SIN LUGAR la demanda incoada por el ciudadano DANIEL EDUARDO MOLINA SERGENT, en contra de la sociedad mercantil "HOTEL SAN REMO, C.A.", por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS CONCEPTOS LABORALES.

ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN TANTO DEL NUEVO REGIMEN COMO DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA, Administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la ley declara de oficio la PERENCIÓN de la instancia y extinguido el proceso que por Cobro de Prestaciones Sociales y otros Conceptos; sigue la ciudadana: ELIZABETH DEL CARMEN MARTINEZ ALBORNOZ, contra la Entidad de trabajo Sociedad Mercantil "KUBO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, C.A"