Se declaró SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 15 de marzo de 2017, por la abogada MARJORIE MATTUTAT MUÑOZ, en su sedicente carácter de apoderada judicial del BANCO PROVINCIAL S.A., BANCO PROVINCIAL, contra la decisión de fecha 13 de marzo de 2017, dictada por el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en el juicio incoado por la apelante contra la ciudadana FLOR DE LA CHIQUINQUIRÁ CALDERA CORONEL, por acción reivindicatoria, mediante la cual dicho Tribunal declaró desechado el instrumento que corren agregado en copias simples, a los folios 7 al 9 y como consecuencia del pronunciamiento anterior, se declaró inadmisible la demanda interpuesta y la nulidad del auto de admisión dictado en fecha 3 de noviembre del 2016.

Se declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 6 de junio de 2018, contra el auto dictado en fecha 5 del corriente mes y año, por el TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en el juicio seguido en contra del apelante por la ciudadana PANAGIOTA COLITTIRI, por desalojo, en el expediente signado con el nº 9080 numeración propia de ese Juzgado; decisión mediante la cual dicho Tribunal no admitió la oposición a la ejecución forzosa, realizada por el demandado, ciudadano MAURO JOSÉ PIÑERO.

Se ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, para su acumulación al expediente signado con el número 6708 de la numeración propia del mencionado Juzgado Superior.

Se declaró LA NULIDAD de la providencia contenida en el auto de admisión de la apelación interpuesta por la coapoderada judicial de la parte demandada, de fecha 4 de abril de 2018 (vuelto del folio 28), mediante la cual el Juez del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, dispuso lo siguiente: "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295 del Código de Procedimiento Civil, remítanse al JUZGADO SUPERIOR (DISTRIBUIDOR) EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA las copias certificadas de las actas conducentes que indique la parte apelante, y de las que indique el Tribunal, a los fines de que conozca de la apelación interpuesta, previa su distribución respectiva" (sic). En consecuencia, decreta LA REPOSICIÓN de la presente incidencia al estado que allí se indicó.

Se declaró CON LUGAR la inhibición formulada en fecha 25 de mayo de 2018, por el Juez Provisorio del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, abogado JULIO CÉSAR NEWMAN GUTIÉRREZ.

Se declaró SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 24 de abril de 2014, por la profesional del derecho ROSA RINALDI, actuando en su carácter de apoderada judicial del codemandado, ciudadano LUIS ENRIQUE LOPENZA, contra la sentencia definitiva de fecha 14 del citado mes y año, proferida por el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en el juicio seguido por el ciudadano JOSÈ ANTONIO DE BARCIA VALERO, contra el apelante y la ciudadana LEONORA MARQUINA, por cumplimiento de contrato, mediante la cual dicho Tribunal declaró con lugar la demanda intentada.

Se declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 10 de mayo de 2018, por el abogado JHONNY JAVIER MOLINA MORA en su carácter de apoderado judicial del codemandado ciudadano JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ DÍAZ y el recurso de apelación interpuesto el 15 de mayo del mismo año, por la abogada ANDREINA PUENTES, actuando en su condición de Defensora Pública Primera con Competencia en materia Civil y Administrativa Especial, Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda de los estados Mérida, Táchira y Trujillo, contra la sentencia dictada en fecha 8 de mayo de de 2018, por el TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en el juicio seguido por el ciudadano JAIME BERTRAND FEO AGUIRRE, contra los apelantes, por DESALOJO, mediante la cual declaró CON LUGAR la acción incoada.

Se declaró SIN LUGAR la apelación interpuesta el 14 de mayo de 2014, por el abogado AZAEL SOCORRO MORALES, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil "INVERSIONES ASSET OWNER, C.A", contra la senten¬cia interlocutoria con fuerza definitiva, profe¬rida por el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en fecha de 7 de diciembre de 2012, en el juicio seguido por la apelante en contra de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA ROCAL C.A, por cobro de bolívares en vía intimatoria, mediante la cual dicho Tribunal, declaró inadmisible la acción propuesta por la vía de procedimiento de intimación por la Sociedad Mercantil INVERSIONES ASSET OWNER I C.A.

Se declaró SIN LUGAR la apelación interpuesta el 8 de octubre de 2013, por el abogado ARMANDO JOSÉ COLINA, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ciudadanos RAÚL GERARDO y LEONARDO JOSÉ PIETRONIRO RANGEL y DAVID LEONARDO NIETO ALARCÓN, contra la sentencia de fecha 30 de septiembre del citado año, proferida por el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, mediante la cual declaró sin lugar la demanda intentada que por otorgamiento de documento, contra la sociedad mercantil INVERSIONES CARRIZAL C.A., contenida en el expediente identificado con el guarismo 28.483 de la numeración propia de dicho Tribunal.

Se DECRETÓ medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada por el abogado JESÚS ALBERTO SALCEDO, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos RIGOBERTO RIVAS RUZ y NOREXI DEL CARMEN SANTIAGO RIVAS.